Castilla y León continúa en su escalada para ser la autonomía que más sufre la exclusión financiera en el medio rural. No en vano, la Comunidad acapara casi uno de cada cuatro cierres de oficinas bancarias de España en municipios de menos de 5.000 habitantes en los últimos cinco años. En concreto, acumula el cierre de 399 sucursales entre los años 2016 y 2019, al pasar de 950 a 551 oficinas. El conjunto del país suma 1.714 pérdidas de establecimientos en ese periodo en las pequeñas localidades, ya que en 2016 existían 5.605 y el año pasado cerró con 3.891.
Los datos del Banco de España recogidos muestran una de las peores caras de la llamada España Vaciada, con el cierre progresivo de las entidades bancarias en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Una realidad que deriva de los procesos de concentración, la digitalización, el cambio del modelo de negocio y la falta de rentabilidad por la elevada despoblación en estas localidades más pequeñas.
La exclusión financiera que ha generado el cierre de las cerca de 400 sucursales en la Comunidad es significativa en la provincia de León que, entre los años 2016 y 2021, ha perdido 85 oficinas en sus municipios de menos de 5.00 habitantes. Es decir, el 21 por ciento del total de cierres registrado en la Comunidad. Le sigue, por número, las 59 menos existentes en Zamora, las 58 oficinas en Salamanca y las 55 en la provincia burgalesa. Completan el listado, las 49 sucursales que se han cerrado en los últimos cinco años en la provincia de Valladolid, las 34 Palencia, las 22 en Ávila, las 20 en Segovia y las 17 en Soria.
La provincia de Zamora tiene el triste honor de haber perdido el mayor número de oficinas bancarias en un solo año. Fue en 2019, cuando en un plumazo desaparecieron del mapa 39 sucursales en sus municipios de menos de 5.000 habitantes. En el caso de Burgos, fueron 34 en 2020 así como las 27 cerradas en la provincia leonesa y las 21 de Valladolid el año pasado. Y es que solo en 2021 el número de oficinas en la Comunidad se redujo en 120. Un dato superior a los 86 cierre registrados un año antes pero por debajo de la desaparición de 123 sucursales en 2019.
Por lo tanto, el Banco de España tenía contabilizadas en las localidades de menos de 5.000 habitantes en Castilla y León el año pasado 117 oficinas operativas en Burgos, seguido de las 97 de León, las 58 de Segovia y las 53 en Zamora. Les siguieron las 49 de las provincias de Salamanca y Valladolid, las 48 de Ávila, las 46 de Soria y las 34 radicadas en Palencia.
El cierre de oficinas no es algo circunstancial que se concentre en los pueblos pequeños sino que es generalizado en todos los núcleos de población, con independencia de su tamaño. En los municipios de más de 5.000 habitantes del conjunto del país, se ha pasado de las 23.103 existentes en 2016 a las 15.125 registradas en 2021. Es decir, casi 8.000 menos.
Según los últimos datos del Banco de España, la Comunidad contaba en 2020 con 1.660 oficinas operativas, lo que suponía un 45,4 por ciento que hace diez años tras el cierre de 1.383 establecimientos en una década. A ese número, habría que sumarle las 120 que se perdieron en los pequeños municipios en 2021 más las de los municipios de más de 5.000 habitantes y las ciudades.
De esta manera, a finales de 2020, el 82 por ciento de los municipios de Castilla y León carecía de oficina bancaria presencial mientras que el 38 por ciento de las sucursales se concentraba en las capitales de provincia, fruto del proceso de concentración llevado a cabo por las entidades. Ante este panorama, las diputaciones provinciales tratan de impulsar servicios financieros itinerantes o instalar cajeros automáticos en los pueblos. La Diputación de Salamanca fue la primera en situar cajeros automáticos en dos bibliobuses que recorren la provincia, para que los habitantes de los pueblos donde haga parada el vehículo puedan retirar dinero en efectivo con tarjetas de cualquier entidad bancaria. Otras instituciones provinciales han optado por montar cajeros en localidades donde no hay oficinas.
Oficinas móviles
También los bancos tratan de compensar los cierres de las sucursales con la puesta en marcha de las oficinas móviles. A modo de ejemplo, CaixaBank prestó servicio el año pasado a 203 municipios de las provincias de Ávila, Burgos y Segovia, donde la población media por localidad apenas supera los 260 habitantes. Un servicio que permite a los usuarios, sean o no clientes de la entidad, realizar las operaciones bancarias más habituales, entre las que destacan retirar efectivo, realizar ingresos y pagar recibos e impuestos. En 2021, los utilizaron más de 9.300 usuarios de la Comunidad, un 79 por ciento de los cuales es mayor de 60 años, y en ellas se realizaron más de 113.000 operaciones.
En la última Junta General de Accionistas de Caixabank, su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, se comprometió a mantener las sucursales de los 55 municipios de Castilla y León donde opera en solitario. La provincia más beneficiada es Ávila, donde es el único banco que puede encontrarse en las calles de 18 de sus municipios. Le sigue a corta distancia Segovia, donde sucede lo mismo en 16 municipios. Se da la circunstancia de que las antiguas cajas de ahorro que llevaban el nombre de estas dos provincia acabaron integradas en Bankia, que se fusionó con Caixabank en una operación que finalizó hace menos de un año.
Valladolid, León y Burgos registran cinco localidades con la característica que exige Caixabank para mantener su presencia activa allí. Palencia con tres, Zamora con dos y Salamanca con uno.
