Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy por unanimidad el Proyecto de Ley de Derecho a la Vivienda de Castilla y León que dará un marco legal a este derecho constitucional y que se convierte en una normativa «pionera” al ser la primera de este tipo en Castilla y León, tal y como defendió el consejero de Fomento, Antonio Silván, durante la presentación del Proyecto en el Pleno extraordinario celebrado hoy en el Parlamento regional.
En su exposición, Silván subrayó que la nueva ley parte de un texto “completo y coherente”, que coordinará las diferentes normativas y dotará de “mayor seguridad jurídica” a los ciudadanos. Entre las novedades de esta nueva norma está la de la lucha contra el fraude, con sanciones a los promotores de hasta 90.000 euros, así como la obligación de que aquellos municipios de más de 20.000 habitantes elaboren un plan de vivienda.
Se trata de una ley “necesaria” para actualizar y ordenar la legislación, articular competencias recurrentes, coordinar la normativa relacionada y alcanzar un mercado inmobiliario ágil y transparente con reglas para los promotores y derechos para los compradores y arrendatarios.
Con esta norma, añadió Antonio Silván, se hace efectivo un derecho y se da muestra de un “alto grado de consenso y participación” en su elaboración, que dio fruto a un “enriquecimiento” del texto. En definitiva, remarcó, una ley “necesaria, realista y flexible, con vocación de permanencia y con una planificación basada en la coordinación de la oferta con la demanda y que refuerza la protección de los ciudadanos y la lucha contra el fraude”.
Silván reiteró que esta Ley garantiza los derechos y deberes de las personas y familias, la igualdad en el derecho a la vivienda protegida, la protección de los ciudadanos en la adquisición y arrendamiento de vivienda, la calidad, habitabilidad y accesibilidad, con especial atención a los colectivos más necesitados, así como la transparencia en la edificación y promoción de viviendas, protección medioambiental y garantías sostenibles.
Resumen del Pleno
Al pleno de hoy llegaron vivas 28 enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que fueron defendidas por el procurador Alfredo Villaverde, quien consideró necesario la incorporación de estos aspectos para que la norma fuese realmente un modelo consensuado para permitir más garantías para el ciudadano. En concreto, se refirió a aspectos como el establecimiento de criterios comunes de calidad de las viviendas, sean protegidas o libres, o la no eliminación del artículo 129 de la Ley de Urbanismo, relativa a los planes municipales.
En este sentido, el procurador ‘popular’ Juan Ramón Represa defendió la supresión de este artículo porque con esta nueva Ley se aúnan los programas municipales de suelo con los planes municipales de la vivienda. Para Represa las enmiendas del PSOE “no aportan nada nuevo” a una ley que hará realidad “la consagración del derecho de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda y que se convertirá en una herramienta para que el sector salga de la crisis”.
Otro de los aspectos destacados de las enmiendas del PSOE fueron los depósitos de arrendamiento a las Cámaras de la Propiedad Urbana, que pedían su supresión y a lo que se opuso el PP por entender que forman parte de la legislación vigente. Además, Represa acusó al socialista de mantener la enmienda más “antisocial” al solicitar que los beneficiarios de las expropiaciones por causas de accesibilidad sean las comunidades de propietarios en lugar de la persona discapacitada.
Finalmente, el procurador socialista lamentó que no se aceptase ninguna de las enmiendas presentadas por su grupo por “la intransigencia” del PP, si bien anunció, a continuación, el voto a favor del PSOE porque, a pesar de su “articulado extenso y farragoso”, es una ley necesaria.
