La respuesta de la Junta a la manifestación organizada ayer por los alumnos del Campus de Segovia no se ha hecho esperar mucho tiempo. Desde la Delegación de la Junta en Segovia han comunicado la perplejidad que sienten ante un nuevo episodio que como explican, está relacionado con unas obras que la Junta de Castilla y León está financiando en la ciudad de Segovia.
En dicho comunicado expresan el derecho de los ciudadanos a manifestarse, pero dejan clara la dificultad que les supone entender una manifestación contra la institución que está financiando en solitario las obras del campus que como señalan, es público y notorio, y que se están ejecutando a buen ritmo mediante la cantidad de dieciocho millones de euros para la primera fase .
El comunicado de la Delegación Territorial continúa haciendo alusión al compromiso firme e inequívoco de continuar y completar las obras como se proyectó en su día. Señalan: Hace justamente un mes que el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó una inversión adicional para la construcción de la primera fase, emitiendo una nota de prensa en la que se decía, literalmente: “Una vez finalizada la primera fase, dará comienzo la segunda con una superficie útil de 13.281,4 metros cuadrados…, etc. ¿quién entiende que se realice una inversión de esta importancia sin tener intención de completar la actuación? Y, mientras toda Segovia puede ver cómo avanzan las obras, ¿quién y con qué argumentos es capaz de hablar de parones en la construcción del campus?»
Prosigue el comunicado haciendo alusión a la presencia y apoyo del Ayuntamiento de Segovia, señalando que el Alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, «contestará que, como en otras ocasiones, hace lo que quiere y como quiere, pero es muy difícil compartir sus criterios si atendemos a cómo deberían encauzarse las relaciones entre la administración municipal y la regional.»
Al igual que con el Alcalde, el comunicado hace hincapié en la presencia de los máximos responsables del vicerrectorado de la UVA en Segovia como algo atribuible sólo a la autonomía del órgano provincial, o bien avalado por la Universidad, cuyo equipo de gobierno ha tenido y tiene a diario el acceso franco a la Consejería de Educación. «Tampoco se ha oído ninguna opinión sobre las denuncias de los estudiantes sobre la precariedad de las instalaciones universitarias actuales cuyo mantenimiento y conservación, a menos que alguien demuestre lo contrario, no corresponde a la Junta de Castilla y León.»
Para finalizar, la Delegación Territoral se pregunta si el alcalde y los concejales del Ayuntamiento de Segovia están igualmente dispuestos a manifestarse por las calles de la ciudad para reclamar la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de todas aquellas partidas comprometidas de palabra por distintos ministros del Gobierno y que no han tenido reflejo, o este ha sido meramente testimonial, en el proyecto de presupuestos. «La situación y los argumentos serían los mismos que los esgrimidos ayer pero, claro, como el ataque no sería contra la Junta de Castilla y León, con toda seguridad los manifestantes municipales callarían esta vez y se ahorrarían el frío de la calle.» concluye.
