La Junta de Castilla y León ha descartado ampliar su aportación económica a la Comunidad de Madrid para sufragar más parte del abono de transportes de los 9.000 ciudadanos que residen en las provincias de Ávila y Segovia, y que utilizan habitualmente el metro y los autobuses urbanos de la capital española.

Fuentes de la Consejería de Fomento explicaron, en declaraciones a la agencia Ical, que el Gobierno autonómico ya sufraga la totalidad del abono de transportes a esos ciudadanos en virtud de un convenio firmado hace cuatro años entre ambas administraciones y rechazaron asumir una cuantía económica mayor para cubrir el coste real del abono, por encima del precio de venta, tal y como planteó ayer el consejero de Transportes e Infraestructuras de Madrid, Antonio Beteta.

Beteta explicó que su intención es que los usuarios de las regiones limítrofes, la mayoría de Castilla y León y Castilla-La Mancha, se sigan beneficiando del precio especial del abono transportes para sus residentes al igual que los madrileños, pero que sean sus comunidades las que paguen la diferencia.

Desde la Consejería de Fomento insistieron en que las dos regiones ya tienen un convenio en vigor para hacer frente a esta cuestión mediante el que Castilla y León “ayuda” a sufragar parte de ese gasto y que la Junta “no está dispuesta asumir” más carga económica.