El Ayuntamiento de Segovia ya cuenta con el “apoyo inicial” de la Junta de Castilla y León para reparar las goteras y filtraciones que sufre el Acueducto por el deterioro de la controvertida conducción de plomo incluida en la rehabilitación de 1999. El delegado territorial del Gobierno regional en la provincia, Javier López-Escobar, confirma que Valladolid ya conoce “el principio de acuerdo” entre ambas administraciones, y la concejala Claudia de Santos confía en remitir el informe antes de la próxima reunión de la Comisión Regional de Patrimonio, que tendrá lugar a finales de este mes o principios del próximo.
“La predisposición a aprobarlo existe, pero dada la singularidad del monumento, que es Patrimonio de la Humanidad (desde 1985), las competencias para autorizar cualquier actuación las tiene la Comisión Regional de Patrimonio”, recuerda López-Escobar en declaraciones a Ical. “En el momento en que esté el proyecto, desde Segovia ya hemos comunicado nuestro apoyo inicial a esta intervención”. Porque además, aunque se trata de un problema subsanable en poco tiempo, “la situación puede llegar a ser muy grave” si no se toman medidas.
El delegado cree que, incluso “en el peor de los escenarios”, el visto bueno no se demoraría más de dos o tres meses: “Es inminente en ese sentido, en que los tiempos administrativos son lentos y para nosotros un año puede ser algo inminente, no para el resto de los mortales, pero en este caso el plazo es además mucho menor”. Así será, por supuesto, siempre y cuando la Comisión no advierta defectos por corregir que no se esperan, dado que técnicos de la Junta en Segovia han asesorado a los del Ayuntamiento, “hay un cierto principio de acuerdo y se espera que no haya problema”, aclara López-Escobar. Por si hubiera dudas, De Santos coincide: “Ellos son los que autorizan y orientan el trabajo”.
El plazo que baraja el Consistorio para cumplir con su parte tiene en realidad una fecha más inmediata, ya que los asuntos del orden del día de la Comisión de Patrimonio deben ser elevados previamente desde la Ponencia Técnica del área, que prevé reunirse a mediados de esta próxima semana. Si no hay sorpresas y para entonces está la documentación en Valladolid, la actuación podría aprobarse en pocas semanas; de lo contrario, habría que esperar a la siguiente sesión de este organismo, que suele celebrarlas cada dos meses o incluso menos, si bien su reglamento permite hasta tres.
Y tras el visto bueno regional, el procedimiento administrativo se rematará en el Ayuntamiento con el cierre del acuerdo con el patrocinador privado que costeará las obras y la contratación de una empresa por procedimiento negociado (tras invitar a varias) para ejecutarlas en un plazo de “dos o tres meses”. Como ya avanzó De Santos a Ical, su presupuesto rondará los 30.000 euros, relativamente bajo teniendo en cuenta el coste que suele conllevar cualquier trabajo sobre patrimonio histórico. Además, se incluye un tratamiento contra las palomas y sus corrosivos excrementos.
López-Escobar indica que fue la propia Junta la que propuso la inclusión de uno de los arcos más próximos al Postigo, donde el Acueducto se adentra en el recinto amurallado: “Allí hay también una serie de filtraciones importantes y conviene hacer una actuación sobre él”. De Santos es más gráfica: “Cada vez que llueve tienes que pasar con paraguas por debajo de los arcos, en el Postigo (reconstruidos en el siglo XIX) y también en los de la zona de la calle Almira (s. XV), porque en algún punto es muy escandaloso”. Curiosamente, el tramo más resistente es el principal, el originario, levantado por los romanos entre los siglos I y II.
Sintonía institucional una década después
Ha pasado prácticamente una década desde que el Ayuntamiento comenzó a alzar la voz contra la conducción de plomo de 839 metros que se instaló en la parte visible del Acueducto con la intención de que recuperase su función hidráulica, que el agua volviera a circular por arriba hasta la fuente más próxima al Postigo del Consuelo. La idea, “peregrina” para la concejala de Patrimonio, se materializó como un pequeño capítulo más dentro de la rehabilitación que impulsó el Gobierno regional entre 1992 (cuando se cortó el tráfico bajo los arcos) y 1999, pero ha terminado protagonizando un largo episodio de desencuentros institucionales.
La Junta tumbó la propuesta de intervención en los últimos años tantas veces como la presentó el Consistorio. En 2008 el conflicto ya llevaba tiempo y era más que notorio: mientras la concejala De Santos, desde el mismo cargo que ocupa en la actualidad, calificaba de “churro” el polémico canal de plomo; el entonces delegado del Gobierno regional, Luciano Municio, hablaba de “burla de proyecto” para reparar un monumento que, según aseguraba, no corría “ningún peligro”.
En resumen, absolutamente nada que ver con la sintonía de hoy: “Se trata de una actuación necesaria y, por lo que incida Claudia de Santos, no parece que vaya a haber ningún problema, salvo que los técnicos vieran algún riesgo y se pidiera corregir algo”, matiza el actual delegado de la Junta. Además, reconoce que el canal de plomo, “con el tiempo, se ha visto que está perjudicando seriamente el Acueducto, propiciando que se acumule todo tipo de porquería sobre la que crecen hierbajos, que a su vez incrementan el volumen de material y producen goteras, hielos, etcétera”.
Preguntado sobre qué ha cambiado durante la larga travesía del conflicto a la cordialidad, López-Escobar explica que la conducción “ha ido generando más daño” en estos años. “Hay que tener en cuenta también que el proyecto no era solo del canal”, apunta en referencia a la rehabilitación concluida en 1999 por Geocisa bajo la dirección del arquitecto Francisco Jurado con un presupuesto de casi seis millones de euros. Un proyecto “en el que participaron distintas administraciones, venía con firmas importantes, estaba avalado por unos estudios técnicos… Y poner el canal se ha visto que no fue adecuado. Al principio no era tan grave y ahora hay pruebas evidentes de que eso está suponiendo un peligro para el canal, así que debemos actuar en consecuencia”.
Palabras que suenan a música a oídos del Ayuntamiento, aunque la última le corresponda a la Comisión Regional de Patrimonio y los ecos del conflicto todavía salpiquen con goteras y humedades la obra histórica romana de ingeniería civil más importante del país.