La Guardia Civil de Segovia ha esclarecido un vertido incontrolado de aguas residuales industriales al río Pirón, por el que se investiga a una persona física y a una empresa dedicada al tratamiento de subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH) por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
La actuación se enmarca en la operación Ammonium, desarrollada por el SEPRONA de la Comandancia de Segovia en colaboración con la Fiscalía Provincial de Segovia, el Juzgado de Cuéllar, la Confederación Hidrográfica del Duero y la Junta de Castilla y León.
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La investigación se inició en septiembre del pasado año, tras detectarse un posible vertido irregular procedente de la estación depuradora de la industria investigada. Durante la inspección, los agentes comprobaron que las instalaciones se encontraban encharcadas por una sustancia espumosa y que uno de los depósitos rebosaba de manera continua, vertiendo directamente al terreno.
Fuera del recinto industrial, en la zona de servidumbre y policía del río Pirón, se localizó un amplio empantanamiento de la misma sustancia sobre un suelo sin impermeabilizar, que llegaba a alcanzar el cauce del río. En ese momento, el Pirón permanecía seco salvo por el caudal generado por el propio vertido. El agua presentaba una coloración oscura, con formaciones de costra, mientras que aguas abajo se apreciaban tonos grisáceos y restos grasientos adheridos a las márgenes.
Daños ambientales tras el vertido irregular de aguas residuales en el río Pirón
Ante estos indicios, agentes del SEPRONA y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Duero tomaron muestras de agua y suelo, que fueron analizadas por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y por el laboratorio de aguas del organismo de cuenca. Los resultados confirmaron que los parámetros del vertido «superaban ampliamente» los límites autorizados, acreditando «un riesgo para el medio ambiente y daños graves al Dominio Público Hidráulico».
Según el Código Penal, estos hechos pueden conllevar penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial de uno a dos años en su modalidad básica, así como penas de dos a cinco años de prisión, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial de uno a tres años en caso de apreciarse la modalidad agravada.