El Ayuntamiento de La Granja de San Ildefonso (Segovia) tiene previsto privatizar la gestión del aparcamiento del puerto de Navacerrada, que hasta ahora era de uso libre.

Según denunciaron en una nota de prensa la asociación Ecologistas en Acción, el alcalde de La Granja, José Luis Vázquez (PSOE), pretende adjudicar los aparcamientos municipales en lo que impedirá el “libre acceso al medio natural de una gran cantidad de personas de escasos recursos económicos que ahora acceden de forma gratuita”.

De este modo la asociación ha presentado un recurso al proceso de privatización que está “dirigido claramente a favor de la empresa que gestiona las instalaciones de la Estación de esquí, ‘Puerto de Navacerrada-Estación de Esquí, S.A’., peticionaria de la concesión.

Hasta ahora, el acceso al Puerto de Navacerrada ha venido siendo libre y sólo el criterio del orden de llegada permitía, en ocasiones, discriminar a los usuarios. Pero según los alegantes, la privatización permitirá imponer tarifas disuasorias a los visitantes ocasionales, a los inmigrantes que quieren conocer la nieve, a los montañeros y a otros colectivos que no consumen estación de esquí, que tendrán que pagar su parte y otra parte que correspondería a los esquiadores. “Esto será así por imposición de la Alcaldía, que exige la existencia de tarifas especiales para los usuarios de la estación, los esquiadores, y que además, de forma insólita, no tendrá en cuenta como criterio de adjudicación del servicio las mejores tarifas para los usuarios, sino sólo el canon que va a recibir.”

Ecologistas en Acción de Segovia ha solicitado al Ayuntamiento que atienda al interés general y no al de una empresa privada; que sea coherente con el mandato constitucional que reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y la obligación de los poderes públicos de hacer efectivo este derecho. Además ha solicitado la suspensión del procedimiento de privatización y el mantenimiento del aparcamiento con carácter libre y gratuito, a fin de que los ciudadanos tengan acceso libre al aparcamiento y al medio natural, sin que el criterio del coste económico pueda ser utilizado como forma de limitar el acceso a la naturaleza.