El Juzgado de Cúellar (Segovia) decretó apertura de juicio oral contra Juan Francisco Cardaba y la Empresa Agrogestión y Aplicaciones Medioambientales por un delito contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente por la gestión de la planta de compostaje de Fuentepelayo. La Fiscalía pide dos años de cárcel, una multa de más de 3.600 euros e inhabilitación especial para el cargo de administrador o gerente de empresas dedicadas a la transformación de residuos.
En su auto, con fecha de 3 de mayo, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cuéllar, Justo Criado Casasdo, declara que el órgano competente para el conocimiento y fallo de la esta causa es el Juzgado de lo Penal de Segovia. El auto también recoge las peticiones realizadas por las partes denunciantes. La Federación de Ecologistas de Castilla y León rebaja la pena de prisión a 15 meses mientras que el Ayuntamiento de Fuentepelayo pide 20 meses, también por debajo de los 2 años.
Ecologistas en Acción, en su escrito de acusación, también pide que lleven a cabo las tareas de limpieza necesarias en las parcelas donde se depositaron residuos y lodos, limpieza de la acequia en la que realizaban vertidos de lixiviados, y la gestión y compostaje de la totalidad de los residuos.
Las denuncias contra la mala gestión de la planta de compostaje de Fuentepelayo que estaba derivando en graves problemas de contaminación de las tierras y los acuíferos de este municipio segoviano comenzaron hace más de dos años y medio con la constitución de la Plataforma Ciudadana ‘No más mierda’, presidida por José Luis Ordóñez.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León decretó la retirada de los montones de residuos en varias tierras de labor y contrató a una empresa privada para que ejecutara estos trabajos. En los primeros meses de 2017 se retiraron alrededor de 3.500 metros cúbicos de residuos.
