El último pleno del año de la Diputación de Segovia ha acordado, por unanimidad, instar al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León a tomar cuantas medidas sean necesarias, desde el consenso real con las comunidades autónomas y la coordinación efectiva con los profesionales sanitarios, para solucionar el déficit de especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria en todo el Sistema Nacional de Salud.
Para ello, a la moción presentada por el Grupo Popular y el Grupo Mixto Cs se han añadido varias peticiones del Grupo Socialista y todos los grupos han respaldado la propuesta en la que se ha pedido que se convoque un pleno extraordinario presencial del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para abordar el alarmante déficit de profesionales de Atención Primaria y acordar medidas urgentes, para el corto y medio plazo.
También se reclama que los profesionales jubilados que así lo deseen puedan permanecer, al menos parcialmente, en activo, que se fomente la permanencia en el empleo de los especialistas, mediante concursos de méritos, que se establezcan contratos puente de hasta 3 años para los MIR y que terminen su residencia como paso previo a la obtención de una plaza fija.
Asimismo se ha acordado solicitar que se conjugue la conciliación de la vida familiar y profesional de los especialistas con incentivos para cubrir el demandado turno de tarde, que se elabore un registro estatal de especialistas sanitarios, para evaluar y mejorar las políticas puestas en marcha, que se elabore un registro autonómico y estatal de especialistas actualizado que permita evaluar y mejorar las políticas en marcha y que se remitan los datos inmediatamente al Ministerio y a la Comunidad Autónoma.
La Diputación pide además que se proceda a la apertura de los centros médicos rurales de la provincia con los mismos parámetros anteriores a la pandemia Covid 19, que se continúen ejecutando las infraestructuras sanitarias pendientes en la provincia, y se establezca un sistema de incentivos a las plazas de medicina familiar y comunitaria de difícil cubertura en Castilla y León, y más concretamente en la provincia de Segovia y, por último que se establezcan modalidades de contratos con retribuciones acordes a la media de las existentes en el país, prestando especial atención a las plazas de difícil cobertura.
La segunda moción conjunta presentada por los grupos que conforman el equipo de Gobierno también ha salido adelante con los votos en contra de los socialistas, de manera que se pedirá la retirada inmediata de la iniciativa parlamentaria presentada para derogar el delito de sedición y que, en este sentido, no se lleve a cabo ninguna modificación del Código Penal. Para ello, en su moción también han pedido “cumplir, acatar y respetar la Constitución Española, en la que no tiene cabida la sedición ni los referéndums ilegales”, y, sobre todo, ratificar el artículo 2 en el que se recoge que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.
Mociones rechazadas
Por otro lado, las dos mociones presentadas por el Grupo Socialista han sido rechazadas. La primera relativa a la concesión de ayudas de la Unión Europea para la digitalización de las entidades locales para que “con el dinero que va a recibir la Diputación de fondos europeos, se ponga cuanto antes en marcha un plan para que los pueblos pequeños reduzcan la brecha digital”, tal y como ha defendido el viceportavoz socialista, José Antonio Mateo. Sin embargo, esta propuesta se ha encontrado con la oposición frontal del equipo de Gobierno, ya que, tal y como han explicado las diputadas Noemí Otero y Sara Dueñas, “es una moción que debería retirarse del debate porque llega tarde, ya que el plazo para presentar la documentación de la subvención a la que se refiere finalizó el 15 de diciembre, y ese trabajo ya está hecho, y la Diputación presentó un proyecto el día 12”.
Además, la también vicepresidenta segunda de la institución provincial y responsable de Asistencia a Municipios, ha recordado que “somos una de las diputaciones que más recursos electrónicos destina a sus ayuntamientos, hemos demostrado que vamos muy por delante porque hace meses que desde nuestros ayuntamientos se puede emitir el certificado digital, y ahora el Gobierno derrocha recursos públicos con una campaña para enseñar a los alcaldes cómo pueden hacerlo en la Subdelegación o en Hacienda, cuando gracias a la Diputación ese trámite se hace ya sin desplazamientos desde cada pueblo”.
En cuanto a la segunda, sobre la utilización del importe obtenido de la venta de acciones de Quinta Real, para que vaya destinado íntegramente a un Plan Provincial de Inversiones Extraordinario, de carácter plurianual, tanto PP como Cs han vuelto a defender la finalización del Palacio de Congresos como un polo de desarrollo de la provincia y, los seis millones de euros consignados en Presupuesto para ese plan extraordinario plurianual que se destinarán a los pueblos en caso de que se produzca la venta de la sociedad. Además, han afeado al portavoz socialista que, respecto al Palacio de Congresos, “en octubre decía una cosa, en noviembre otra y en diciembre ninguna de las dos anteriores”.
Dentro del orden del día del pleno se han aprobado modificaciones puntuales de la Relación de Puestos de Trabajo, para seguir dando cumplimiento a la planificación de puesta en marcha del Servicio provincial de bomberos. Y, además, se ha dado cuenta de la desestimación del recurso especial en materia de contratación interpuesto por la Federación Castellano y Leonesa de Atención a la Dependencia frente a los pliegos que han de regir el procedimiento de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio de la provincia. Así, se recoge que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León ha dado la razón a la Diputación en este proceso.
