La Coordinadora de Estudiantes de CyL, que agrupa a asociaciones estudiantiles de toda la comunidad, señala que el COVID-19 “no sólo nos ha afectado en el ámbito académico”, sino que también lo ha hecho “sobre los miles de estudiantes desplazados que viven en pisos de alquiler o residencias” y que ahora se enfrentan a la incertidumbre de no saber que será del pago de los meses de confinamiento.
Antes de la aplicación del estado de alarma, las autoridades sanitarias de Castilla y León tomaron la decisión de cerrar las residencias públicas de estudiantes, mandando a todos estos estudiantes “a casa”, salvo a aquellos que convivieran con personas de riesgo en sus domicilios familiares o que por razones de fuerza mayor no pudieran volver a sus casas. Para esta coordinadora, el anuncio llegó de manera “precipitada y repentina” y denuncian que los estudiantes tuvieron que abandonar sus residencias con muy poca antelación.
Esta coordinadora, formada por seis organizaciones estudiantiles de la comunidad -CEA y CES de Salamanca, Estudiantes en Movimiento León, EDUP y Alternativa Universitaria de Valladolid y AEPO, del Páramo y Órbigo (León)-, exige la “inmediata devolución del pago de las habitaciones, comedores y demás servicios contratados durante el periodo de tiempo en el que se mantengan cerradas las residencias” y por otra parte, también exige la remuneración de los costes que supuso a los estudiantes desplazarse hasta su lugar de origen. Según afirman, la justificación de estas exigencias se encuentra en que el abandono fue obligatorio y por ello, los estudiantes no deben hacer frente a las consecuencias económicas de una decisión tomada por las autoridades sanitarias.
Recuerdan además que la medida, adoptada por la Junta y por todas las Universidades públicas de la comunidad autónoma, obliga a estas a adoptar medidas “para no dejar a ningún estudiante atrás”.
Por otra parte, y de cara al futuro y a una posible ampliación del periodo académico para la realización de actividades que no pueden llevarse a cabo de manera telemática, apuestan por la puesta a disposición de las residencias públicas para aquellos estudiantes que lo necesiten, de manera gratuita. “La ampliación del periodo académico no puede suponer un sobrecoste para los estudiantes, muchas de las cuáles no pueden permitirse asumir un mes más de alquiler, especialmente aquellas de extracción popular” afirman.
También señalan que los estudiantes desplazados se encuentran completamente desamparados para hacer frente al pago de un alquiler “que resulta inasumible” y por ello han mostrado su apoyo la huelga de alquileres de la cual forman parte más de 200 organizaciones y que exige al gobierno estatal medidas que cubran los derechos más básicos durante el confinamiento.
Por último, sentencian: “Debe garantizarse que todos los estudiantes, independientemente de sus circunstancias económicas, puedan sobrellevar esta situación sin más dificultades que las que ya supone seguir el curso a través de la teledocencia”.