IU pide que se garantice el derecho al aborto en Castilla y León desde la red pública sanitaria
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Izquierda Unida pidió hoy que se garantice el derecho al aborto en Castilla y León desde la red pública sanitaria ya que, según argumentó, la Ley orgánica 2/20010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, estipula que “es una prestación mas del sistema sanitario público y está incluida en la cartera de servicios de las instituciones sanitarias”.
A su juicio, en la Comunidad “solo un hospital lleva a cabo este procedimiento” y criticó la externalización del servicio. “Derivar a clínicas privadas es la norma mayoritariamente aplicada y utilizando el argumento de la objeción de conciencia como impedimento para prestar el servicio en el sistema público”, afeó la organización.
De hecho, según datos del Ministerio de Sanidad citados por IU, durante el año 2019 un total de 2.674 mujeres decidieron interrumpir su embarazo en Castilla y León. De ellas, 2.237 se realizaron de manera extra hospitalaria, sin ingreso; y solo una se produjo en el sistema público, mientras que el resto, 2.236, fueron realizadas en centros privados. En los que se practicaron en hospitales, los datos muestran que 56 fueron en centros públicos y 381 en privados. Es decir, en el cómputo global, el 97 por ciento se efectuaron en clínicas fuera del sistema sanitario público.
“El peregrinaje que las mujeres realizan entre provincias para poder ejercer un derecho roza lo absurdo. Aun existiendo clínicas autorizadas en su provincia, se ven obligadas a trasladarse a otra y muchas de ellas a Madrid”, reprochó. Como ejemplo, Izquierda Unida citó Salamanca, donde existe una clínica autorizada, pero que “tienen que viajar a Valladolid, mientras a Salamanca acuden mujeres de otras provincias”.
Más allá de la necesaria reforma de la ley del 2010 anunciada por el Instituto de Las Mujeres, Castilla y León “tiene las competencias trasferidas y es el Sacyl el que tiene que garantizar ese derecho”. Para ello, apeló a la puesta en marcha de los mecanismos “necesarios para que las mujeres de la Comunidad puedan ejercer un derecho reconocido hace 35 años pero que a día de hoy está muy lejos de ser efectivo”.
