La Conserjería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León y el Consejo General del Poder Judicial organizan en la Delegación Territorial de Segovia el curso ‘Incidencia de la crisis en el Estado Social y de Derecho’
Pobreza y justicia’, una convocatoria dirigida a miembros de la carrera judicial de Castilla y León que pretende visualizar la realidad de la pobreza y cómo incide en los colectivos y personas vulnerables, y analizar los mecanismos jurídicos para hacer frente a estas situaciones.
El delegado territorial de la Junta en Segovia, Javier López-Escobar, acompañado por los directores del curso Ignacio Martín, magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Valladolid, y Ana Calvo, letrada de la Gerencia de Servicios Sociales, ha inaugurado estas jornadas que se desarrollan hoy y mañana, y en las que expertos del ámbito judicial y de la gestión de los Servicios Sociales reflexionarán sobre los recursos de protección y de atención a necesidades básicas de subsistencia integrados en la Red de Protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León, un servicio integral que actúa como eje vertebrador de los instrumentos disponibles para paliar las difíciles situaciones que se derivan de la pobreza.
Una red protectora que ha evitado el desalojo forzoso de sus viviendas de todas las familias atendidas en la provincia
En su intervención en la apertura de la jornada, el delegado territorial se ha detenido en la actuación desarrollada por el Servicio Integral de Apoyo a las Familias de la Junta de Castilla y León que, entre 2012 y 2017, ha atendido a 332 familias de la provincia de Segovia, lo que significa que ha ayudado a más de 929 personas.
A todas las familias atendidas en este primer nivel de actuación se les ha prestado asesoramiento y apoyo y se ha analizado su situación económica y social, promoviendo acuerdos con las entidades financieras para afrontar o reestructurar las deudas de estas familias o facilitando fórmulas alternativas a la pérdida de la misma.
Junto a esto, se acompaña a estas familias en el proceso de búsqueda de soluciones ante las circunstancias adversas que están viviendo facilitándoles al mismo tiempo el acceso a los recursos que pudieran necesitar. Por ejemplo, a 63 de estas familias también se les ayudó a elaborar un plan de economía familiar para salir de su situación crítica.
Como ha recordado Javier López-Escobar, la importancia de la actuación protectora de este servicio se aprecia en el hecho de que ninguna familia atendida tuvo que afrontar un desalojo forzoso.
Una de las notas características más importantes del Servicio Integral de Apoyo a las familias y a las personas en riesgo de desahucio es, precisamente, su funcionamiento en red, lo que posibilita evitar situaciones críticas antes de que se produzcan, yendo mucho más allá de actuaciones meramente paliativas.
En el sistema están implicados 24 entidades locales, decenas de entidades del tercer sector, los órganos judiciales, más de 40 entidades financieras y la Junta de Castilla y León que, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, financia a las entidades locales, coordina todas las actuaciones y aporta los interlocutores con las entidades financieras. Este sistema, que fue pionero en España, forma parte de la Red de Protección a las familias y a las personas de Castilla y León.
