Con motivo de la celebración hoy domingo del Día Mundial de la Salud Mental, El Puente Salud Mental Valladolid subraya que las desigualdades y discriminaciones que viven las personas pueden tener consecuencias en su salud mental. Por ello recalcan que la salud mental es un derecho de todas las personas, independientemente de su situación personal, económica, social, educativa, sexual, racial o de discapacidad, informa Ical.

“No todas las personas partimos de la misma casilla de salida. Dependiendo de dónde nazcas, con qué cuerpo, y en qué entorno, tendrás más o menos oportunidades, y las discriminaciones que sufras serán diferentes”, apunta el presidente de Salud Mental España, Nel González.

Desde la agrupación, en un comunicado recogido por Ical, explican que existen numerosos tipos de desigualdades que pueden afectar a la salud mental de las personas. A nivel económico, por ejemplo, las personas con ingresos bajos tienen hasta tres veces más probabilidades de sufrir depresión o ansiedad que las personas con ingresos altos. Cuanto más baja es la clase social a la que pertenece un niño o niña, mayor es el porcentaje de trastorno mental. Mientras que el 53 por ciento de la población trabajadora percibe que su salud general ha empeorado con respecto al inicio de la pandemia, el porcentaje sube diez puntos entre quienes no cubren las necesidades básicas con sus salarios. Y hasta el 80 por ciento de personas afectadas por su hipoteca, por la pérdida del piso por impago de alquiler, presentan problemas de salud mental.

Tener un rendimiento educativo más bajo también se ha asociado con problemas de salud mental en la edad adulta. Las personas con niveles educativos superiores, universitarios, refieren mejor estado de salud, incluyendo la salud mental, que aquellas con niveles educativos inferiores (Primaria y Secundaria) o incompletos.

Incluso el lugar de residencia puede afectar a la salud mental. En los entornos urbanos hay mayor prevalencia de depresión, que puede tener que ver con el aislamiento o la hostilidad de las ciudades. La presencia de espacios verdes en las ciudades se relaciona con mejores niveles de salud mental en la población.

También las personas racializadas se enfrentan a discriminaciones en múltiples ámbitos (social, laboral, de acceso a la vivienda, educativa, sanitaria, situaciones de violencia, etc), y esto puede tener consecuencias en su salud mental. Por su parte, las personas refugiadas y los y las menores no acompañados, sufren altos niveles de estrés, miedo, preocupación y angustia.

Y, por supuesto, las personas con discapacidad psicosocial se enfrentan a sus propias discriminaciones. Su tasa de empleo sigue siendo la más baja de toda la discapacidad, un 16 por ciento. El acceso a la justicia en igualdad de condiciones sigue sin estar garantizado y los derechos humanos se vulneran cada día en hospitales de nuestro país a través de prácticas, mal llamadas “terapéuticas”, como las contenciones mecánicas. Entre el 75 y el 95 por ciento de las personas con trastornos mentales en los países de ingresos bajos y medianos no pueden acceder a los servicios de salud mental. Así, muchas personas con problemas de salud mental no reciben la atención a la que tienen derecho.

La edad es otro factor que se debe tener en cuenta. El 35 por ciento de las personas mayores se sienten solas. En el otro extremo de la tabla demográfica, la infancia es vulnerable en otros sentidos, como los abusos sexuales. Entre un diez y un 20 por ciento de los niños y niñas los sufren, con las consecuencias que esto puede tener en su futuro.

Ser mujer es en sí mismo otro factor de riesgo. En España, los problemas de salud mental son más comunes en las mujeres (14,1 por ciento) que en los hombres (7,2 por ciento), debido frecuentemente a factores sociales, económicos y ambientales que afectan de forma distinta a unas y otros. El 10,7 por ciento de la población consume tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir (13,9 por ciento mujeres y 7,4 por ciento hombres).

“¿Cómo podemos haber normalizado que casi el once por ciento de la población española consuma tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir? ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo para que no nos escandalicemos ante estos datos, para que lo asumamos como algo `normal´? Que sea habitual, no quiere decir que deba ser así, ni que debamos conformarnos”, asegura el presidente de Salud Mental España.

Reivindicaciones

Ante esta situación, y bajo el lema ‘Salud mental un derecho necesario. Mañana puedes ser tú’, el movimiento asociativo realiza distintas reivindicaciones para frenar estas desigualdades estructurales que existen en nuestro país y que afectan a la salud mental de la población. La Confederación propone poner en marcha acciones y destinar recursos para paliar la desigualdad económica causante de problemas de salud mental, con especial atención a los colectivos más vulnerables, como los y las menores o las personas sin hogar.

Respecto a la desigualdad que se da a nivel geográfico, reivindica dotar al ámbito rural de los recursos de salud mental adecuados y necesarios, en igualdad de condiciones con el ámbito urbano. También es necesario fomentar las relaciones en comunidad en las ciudades y reducir el aislamiento social.

La disminución de la desigualdad por sexo pasa por incorporar la perspectiva de género en el abordaje a la salud mental e impulsar políticas que reduzcan las desigualdades económicas, sociales o familiares, causantes de malestar psíquico en las mujeres. También pasa por implementar recursos específicos de atención a las mujeres con problemas de salud mental víctimas de violencia machista.

Es necesario, además, realizar campañas de concienciación en salud mental dirigidas específicamente a población infanto-juvenil y dedicar los recursos necesarios a trabajar la prevención de problemas de salud mental entre las personas más jóvenes. Fomentar un estado del bienestar en el que las personas mayores se sientan acompañadas y disminuya su sensación de soledad podría mejorar también su salud mental.

En el ámbito educativo, es fundamental trabajar en la prevención, sensibilización y promoción de la salud mental, fomentando la educación inclusiva.

La prevención y educación es también la clave para paliar la desigualdad por racismo. En personas refugiadas, migrantes, solicitantes de asilo o menores no acompañados/as, es necesario evaluar sus necesidades de salud mental y formar a profesionales que atiendan de forma multidisciplinar las necesidades de este colectivo.

Por último, la reducción de la desigualdad por discapacidad psicosocial pasa, entre otras muchas cosas, por aumentar la inversión pública para fomentar la atención comunitaria y crear un verdadero espacio socio-sanitario cuyo objetivo sea integrar los diferentes recursos y dispositivos sociales y sanitarios, situando a la persona en el centro de cualquier intervención.