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Partido Popular y Vox hicieron público este jueves su acuerdo para el próximo gobierno de coalición para esta legislatura, formado por once ejes y 32 acciones, entre las que destacan la aprobación de una ley de violencia intrafamiliar, promover una inmigración ordenada, consolidar un modelo educativo “libre de adoctrinamiento ideológico” o combatir la ocupación ilegal de viviendas.
En su conjunto, el acuerdo recoge la mayor parte de las propuestas base para un gobierno de coalición en Castilla y León que desveló ayer Vox, después de que no hubiera acuerdo con el PP, suscrito in extremis este jueves.
Según el acuerdo dado a conocer por PP y Vox, consultado por Ical, el pacto no incorpora ninguno de los tres exigencias para los primeros 90 días planteadas en la propuesta base de Vox para la negociación con el PP. De esta forma, se elimina la reducción de todas las subvenciones públicas a sindicatos, patronal y organizaciones políticas, así como la derogación del decreto de memoria histórica. Además, transforma la supresión de partidas que provocan el “efecto llamada” de inmigrantes, en promover una inmigración ordenada, en contra de las mafias “ilegales”.
Ejes programáticos
Los ejes de gobierno mantienen la esencia del documento compartido ayer con Vox, aunque incluyen modificaciones. Así, el acuerdo entre ambos partidos propone vigilar y defender la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de Castilla y León, aunque incluye la garantía de la igualdad social, laboral, de oportunidades y entre hombres y mujeres.
Se mantiene la promoción de la solidaridad entre todos los territorios y la reivindicación de la historia común ante “cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles”, así como la defensa de los intereses de la Comunidad pero en vez de ante la Unión Europea, se matiza que “en el marco” de la UE. Se disgregan de este último punto como apéndices propios la defensa de los intereses del mundo rural y de las capacidades productivas de Castilla y León “para el crecimiento económico y la creación de empleo”.
Permanece la garantía de unos servicios públicos de calidad compatibles con la reducción de los impuestos autonómicos, el desarrollo de mejores infraestructuras de comunicaciones y transporte para la conectividad del territorio, y el apoyo a las familias, a la natalidad y a la lucha contra la despoblación como centro de las políticas públicas, y se concluye con la reducción significativa del gasto institucional superfluo o ineficaz “que no redunde en el bienestar de los ciudadanos”.
Desaparece, eso sí, del documento compartido ayer por Vox el compromiso para no subir impuestos propios o crear alguno nuevo, dado que la política fiscal “inteligente” para atraer y retener tejido productivo aparece dentro de las acciones y no entre los ejes programáticos.
Campo y economía
Como primera acción, el acuerdo detalla la aprobación de una Ley de Desarrollo y Competitividad Rural, incluyendo medidas de apoyo a la actividad productiva, internet y garantizando los servicios públicos a las personas del mundo rural. También, se priorizará la creación de empleo estable y de calidad como garantía de la mejor política social, así como el retorno del talento a la Comunidad.
Por otro lado, se impulsará la modernización y fortalecimiento del tejido económico, con especial incidencia en el emprendimiento, en las pymes, en las empresas familiares y en los autónomos. Además, se favorecerá la reindustrialización y el aprovechamiento de los recursos propios, desde la competitividad, la innovación, las rebajas fiscales, la digitalización y el acceso a la financiación.
Ambos socios, apuestan por reconocer el carácter esencial de la actividad agrícola y ganadera, así como de la industria agroalimentaria, por su función de obtención de materias primas destinadas a la producción de alimentos y por crear actividad económica y consolidar población en las áreas rurales.
Además, se comprometen a facilitar el acceso en condiciones de igualdad a una vivienda, con especial atención a los jóvenes y al mundo rural, pero con la defensa de la la propiedad privada, combatiendo especialmente el fenómeno delictivo de la ocupación, y ofreciendo asesoramiento.
Servicios y administración
En materia de servicios públicos, PP y Vox garantizan en su acuerdo la sanidad pública, reforzando las inversiones y los presupuestos, fundamentalmente en la Atención Primaria, “sobre la base de un sistema sanitario cercano, gratuito e innovador”. Además, prometen desarrollar unas políticas sociales para proteger a los ciudadanos que más lo necesitan, luchando contra la pobreza y la exclusión social. También avanzan una política de apoyo a las familias, “como institución básica de la sociedad y pilar del estado de bienestar”.
De la misma forma, los dos partidos pretenden consolidar un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo y la capacidad, que tenga por objeto la excelencia y la generación de oportunidades. Además, apuestan por fortalecer la universidad y la investigación, garantizar la gratuidad en la enseñanza hasta tres años, así como la libertad en la elección de centros y el “derecho inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos”.
En materia administrativa, apuestan por una administración “cercana, eficaz, austera y transparente”, por reducir las cargas administrativas y por una función pública “moderna que promueva el talento y la profesionalización”. También abogan por la colaboración con las administraciones locales y por el papel protagonista de los municipios y las provincias.
Por otra parte, PP y Vox apuestan por fomentar el equilibrio territorial entre todas las provincias, a través de planes de inversión, fomento y desarrollo y por apoyar la natalidad mediante ayudas directas e incentivos fiscales progresivos, y fortaleciendo la conciliación de la vida laboral, social y personal.
El texto también incluye como acciones la consolidación de Castilla y León como referente cultural en España y la protección del patrimonio cultural, las tradiciones y la riqueza del español; la defensa del patrimonio natural y forestal de la Comunidad; y mantener “siempre presentes” a las víctimas del terrorismo “trabajando por su dignidad, memoria, justicia y protección”.
Peticiones al Gobierno
Los dos partidos lanzan siete reclamaciones al Gobierno de España. Así, acordaron instar al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a las instituciones europeas a proteger el producto de “nuestro campo” y la industria, en contra de la “competencia desleal” del ámbito extracomunitario, que no cumple los mismos requisitos. También, le piden recuperar el equilibrio entre la ganadería y la protección del lobo, conforme a las demandas de las comunidades autónomas afectadas.
Además, exigen la aprobación de planes hidrológicos, con el máximo consenso de los sectores afectados, así como a facilitar el aumento de las superficies de regadío. También piden una EBAU única en todo el territorio nacional, para garantizar la igualdad de oportunidades de los alumnos, y la reversión la política energética que según creen está “perjudicado a las familias” y ha reducido la competitividad de las empresas.
Finalmente, PP y Vox demandan una financiación autonómica “justa, solidaria y acorde con el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos para acabar con la infrafinanciación que padece Castilla y León”.
