La Guardia Civil de Segovia desarticuló en el marco de la operación ‘Aquileo’ una red radicada en un bar de la capital segoviana que se dedicaba a la falsificación de contratos de trabajo, regularización fraudulenta de extranjeros y cobro de prestaciones por desempleo, que han estafado a la Seguridad Social más de 1 millón de euros. La subdelegada del Gobierno en Segovia, Pilar Sanz García, explicó que la trama, que ha tenido ramificaciones en Alicante, Murcia, Gerona, Las Palmas, Toledo, Ávila y Madrid , se saldó con la detención de 61 personas, incluido el ‘cabecilla’ de la operación, H.M.P, segoviano de 45 años sin antecedentes, y el resto principalmente de origen marroquí por “favorecimiento de la inmigración clandestina”. Además fueron imputadas 12 personas, de las cuáles, algunas se encuentran en paradero desconocido.
Aunque la operación comenzó en mayo del presente año, los indicios delictivos se remontan al año 2009, como señaló el teniente coronel, Juan Miguel Jiménez, quién acompañó en su comparecencia ante los medios a la subdelegada del Gobierno. En declaraciones recogidas por Segoviaudaz.es, Sanz García señaló que bajo una empresa segoviana de construcción que en la actualidad carecía de actividad alguna, un gran número de extranjeros regularizaban su situación administrativa en España utilizando dichos contratos de trabajo por los que pagaban al mes una cantidad que oscilaba entre los 200 y los 500 euros.
Durante la investigación y autorizados por el Juzgado de Instrucción nº1 de Segovia, se registraron la sede social de la empresa, así como el domicilio del cabecilla de la operación, y varios de los supuestos trabajadores, en donde se incautó diversa documentación falsa. Entre ella, contratos de trabajo, nóminas, comunicaciones a la Seguridad Social, así como ordenadores y otros efectos.
La Subdelegación del Gobierno no descartó que el perjuicio de la trama sea superior porque con las altas ficticias los imputados se podrían haber beneficiado de mejores pensiones en un futuro. Para ello, explicó Sanz García, los organismos perjudicados se encuentran anulando los efectos de las acciones fraudulentas.
Los detenidos fueron puestos a disposición judicial del Juzgado de Instrucción nº1 de Segovia a espera de que la autoridad competente dicte sentencia, que podría finalizar con la expulsión del país en el caso de los extranjeros en situación irregular.
En el desarrollo de la operación, la Guardia Civil actuó en colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo, el Área de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía en Segovia.
El teniente coronel, Juan Miguel Jiménez, y la subdelegada del Gobierno en Segovia, Pilar Sanz/ R.Blanco