Como empresario y como contribuyente no me gusta pagar impuestos. Visto así, la supresión de la obligatoriedad de pagar a las Cámaras, al calor del Real Decreto 13/2010, podría leerse como un favor a la clase empresarial. De acuerdo, es poco dinero, el 70% de las empresas segovianas o no pagan o pagan menos de 40 euros al año por pertenecer a la Cámara, pero algo es algo.
Ahora bien, también es casualidad que, puestos a reducir impuestos, el gobierno de ZP empiece por el único que se destinaba finalisticamente a la actividad empresarial, impuesto que además, se gestiona a través de un pleno de 30 empresarios, cada uno elegido por su sector, y que participamos en esto desinteresadamente, sin cobrar un euro (como por otra parte es preceptivo en el asociacionismo empresarial, no somos un sindicato).
Hablando con datos en la mano, en Segovia el impuesto así recaudado asciende a 600.000 euros. Este dinero posibilita que la Cámara de Segovia mantenga una sede (con más de un centenar de actos al año), un vivero de empresas (37 oficina) y un catálogo de servicios, que hoy se prestan universalmente a cualquier empresario y emprendedor. Son servicios que, en muchos casos, corren riesgo de desaparecer o de volverse de pago. Por ejemplo todo lo relacionado con la exportación. Al respecto, deben saber que todas las empresas que conozco se han iniciado en el comercio exterior con el apoyo de la Cámara de Comercio de su demarcación. Un apoyo que va desde aportar información sobre trámites, trámites en si mismos, hasta coger de la mano al empresario, cerrar encuentros con otros empresarios de otros países, y facilitar sinergias.
No voy a hablar de formación, de los diversos servicios de asesoramiento que se prestan, de comunicación, de innovación, de ayudas y subvenciones y campañas puntuales. Tampoco de estudios o proyectos lanzados desde la Cámara (algunos del calado de la atracción del Tren de Alta Velocidad para Segovia o Segovia 21). Tampoco voy a hablar de convenios captados con todo tipo de administraciones ni de la rentabilidad que supone una entidad que, después de todo, emplea directamente a 6 trabajadores, y cuatro más indirectamente a través de programas externos. Pero sí entiendo interesante detenerse en la labor que se hace desde la Casa del Sello en facilitar la vida a todo aquel que quiere abrir una nueva empresa.
En diez años en este punto, se ha pasado de una carrera de obstáculos, a toda una batería de servicios que van desde el asesoramiento, la centralización de trámites (ventanilla única), la cesión de una oficina a precios de risa en el mejor parque empresarial de la provincia (edificio Vicam) y hasta movilizar líneas de crédito. Desde la Cámara, y esto debe saberse, se ha apoyado la creación de miles de nuevas microempresas. ¿Alguien sabe el dinero que supone eso para nuestra provincia?.
Todo este esfuerzo se pone ahora en serio peligro con la supresión del recurso cameral. Pero más digo, supone que, algunos servicios que no pueden dejar de prestarse, deberán ser inventados partiendo de cero, adscritos a funcionarios y gestionado por políticos. Tiene bemoles que, para mayor mortificación, una medida así pretenda justificarse como un plan del Gobierno “para mejorar la competitividad empresarial” (sic).
Señor Zapatero, si realmente está interesado, que debería, en reducir la bestial presión fiscal que soportamos las empresas, ¿porqué no empieza por su casa? Claro, supongo que es mucho fácil empezar por la casa de los empresarios, por las Cámaras de Comercio. Pues que bien.
