A cuatro días del pleno que debatirá los presupuestos municipales, el foco político en la ciudad se desplaza del contenido de las cuentas al relato que las acompaña. El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha lanzado en los últimos días una campaña en redes sociales bajo el lema “Responsabilidad es dejar hacer”, una serie de vídeos en los que vincula la ejecución de distintos proyectos al respaldo de los grupos políticos al presupuesto.
En estas piezas, dirigidas a la ciudadanía en general, grabadas en distintos puntos de la ciudad, el regidor desgrana algunas de las actuaciones previstas e insiste en que su desarrollo dependerá del voto favorable del Pleno, es decir, del sí de los grupos de la oposición (PSOE, VOX, IU, Segovia en Marcha y Ciudadanos)
La iniciativa ha encontrado una respuesta crítica en el conjunto de la oposición, que, más allá de sus diferencias ideológicas, coincide en cuestionar tanto el enfoque como el proceso previo a la presentación de las cuentas, conocidas a través de los medios de comunicación.
La portavoz de Vox, Esther Núñez, fue la primera en pronunciarse y calificandolo como como un “escándalo absoluto”, al considerar que responde a una estrategia condicionada por el calendario político.
Desde Segovia en Marcha, Guillermo San Juan definió la iniciativa como “victimista”, y señaló que se está tratando de trasladar la responsabilidad del bloqueo a los grupos de la oposición, al tiempo que defendió que la falta de presupuestos responde a la ausencia de voluntad del propio equipo de Gobierno.
En la misma línea, los concejales de Izquierda Unida, Ángel Galindo y Ana Peñalosa, sostienen que “no ha existido una negociación real con los grupos de la oposición” y que se está construyendo un relato que les responsabiliza del previsible rechazo de las cuentas.
A estas críticas se suma un elemento compartido por todos los grupos: aseguran que conocieron a través de los medios de comunicación que el pleno abordaría los presupuestos, pese a haber mantenido una reunión de portavoces apenas unas horas antes.
En el caso de Ciudadanos, la referencia es el acuerdo que hace un año permitió aprobar los presupuestos de 2025. La concejala Noemí Otero ha advertido de que el apoyo a las cuentas de 2026 estaría condicionado al cumplimiento previo de aquellos compromisos, algo que, a escasos días de la votación, algo que previsiblmente parece improbable.
Bajo la premisa de que “en los presupuestos, la víctima es la ciudad”, el PSOE resume su crítica al proceso impulsado por el equipo de Gobierno, al que acusa de falta de diálogo y voluntad de acuerdo. Los socialistas sostienen que la ausencia de negociación está bloqueando unas cuentas clave para avanzar en servicios públicos, inversiones y políticas de vivienda y empleo, trasladando el coste de ese desencuentro político directamente a los ciudadanos. Frente a ello, defienden haber planteado propuestas y una alternativa de ciudad, insistiendo en que aún hay margen para el acuerdo si existe voluntad real por parte del alcalde y su equipo.
De este modo, y a la espera del posicionamiento definitivo de los grupos, el debate se articula en dos enfoques: el que vincula la responsabilidad al respaldo de las cuentas y el que la sitúa en la negociación previa, el conocimiento de las partidas y el cumplimiento de compromisos.
A cuatro días del pleno, el acuerdo se antoja difícil. El Partido Popular, con 12 de los 25 concejales, necesita al menos un apoyo externo que, por ahora, parece lejano entre grupos de distinta ideología pero con un diagnóstico común: la falta de negociación.