El PSOE denuncia irregularidades en depuradoras de la provincia; concretamente, critica «las deficiencias por parte de la Junta, a través del Somacyl, en la tramitación, contratación y ejecución de las obras en distintas infraestructuras de depuración de agua en Segovia, que ponen riesgo la seguridad de los trabajadores y la salud ambiental».
El viceportavoz de las Cortes de Castilla y León, el segoviano José Luis Vázquez, denuncia desde las Cortes lo que califica como «graves irregularidades» en la ejecución de depuradoras en la provincia de Segovia.
El socialista se refiere «al reiterado incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, que, en su artículo 233, obliga a contar con un estudio geotécnico sobre los terrenos en los que se van a ejecutar dichas obras«. Por ello, el PSOE presenta una iniciativa «para que se emitan por funcionario público los certificados respecto al cumplimiento de la legislación vigente correspondientes a la EDAR de Navalmanzano, la de Escalona del Prado, la de Escobar de Polendos, la de La Matilla, la de Maderuelo, la de Chañe, la de Zarzuela del Pinar y la de Espirdo-La Higuera».
Los socialistas exigen «la emisión de un certificado por funcionario público sin otro ánimo que el de salvaguardar el cumplimiento de la ley, la seguridad de las personas que intervienen en la obra, la protección ambiental y no inflar más si cabe el coste definitivo de la obra», ha explicado José Luis Vázquez durante su intervención.
Como paradigma de los despropósitos que, apunta Vázquez, “desde el PSOE venimos denunciando en todas las provincias” está el caso de la EDAR de Navalmanzano. «Resulta que este proyecto sí cuenta con un estudio geotécnico, que data del año 2007. Pero lo terrible es que dicho estudio no pertenece a la parcela en la que se va a construir la EDAR, con todo el riesgo que ello conlleva», señala.
«Por si fuera poco», añade, «en este proyecto se ejecuta también una estación de bombeo de aguas residuales EBAP y en la parcela que albergará dicha EBAP no se ha realizado ningún tipo de estudio geotécnico, desconociendo, de esta manera, la naturaleza del terreno, la capacidad portante y un sinfín más de aspectos a tener en cuenta».
Esta situación, considera José Luis Vázquez, pone en grave riesgo la seguridad de los trabajadores porque en algunos casos las infraestructuras pueden llegar a tener una profundidad de 6 metros de altura. «Imaginen por un momento el riesgo que comporta para las personas que intervengan en esas obras trabajar en esas condiciones desconociendo los datos sobre el terreno», ha puntualizado.
Aparte de este inconveniente, esta «irresponsabilidad» genera una «grave inseguridad jurídica y aumenta los costes porque las empresas adjudicatarias se ven en la obligación de implementar una mayor cantidad y volumen de obra ante la falta de estudios previos», concluye.
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