El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado instrucciones al fiscal superior de Castilla y León para que sea cada fiscalía provincial de esta Comunidad autónoma la que abra unas diligencias de investigación sobre los sueldos, indemnizaciones, prejubilaciones y créditos de los directivos de las ya extintas Caja España, Caja Duero, Caja Burgos, Caja de Ávila y Caja Segovia tras el proceso de reordenación del sector financiero, tal y como informa hoy el rotativo El Mundo en su edición digital de Castilla y León.

Ésta es la orden que la fiscalía general ha dado a Manuel Martín-Granizo, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que preguntaba a quién correspondía investigar los hechos que denuncia el coordinador de Izquierda Unida (IU) en Castilla y León y procurador del Grupo Parlamentario Mixto, José María González Suárez, sobre las presuntas prácticas delictivas de los ejecutivos de estas entidades de ahorro al existir otras denuncias similares en otras autonomías. Así, la denuncia de González Suárez se ha remitido a cada fiscal de provincia afectado para que abre una investigación.

Izquierda Unida denunció el pasado noviembre ante el fiscal jefe de Castilla y León que «diferentes consejeros de Caja España, Caja Duero, Caja Burgos, Caja de Ávila y Caja Segovia» intervinieron de forma decisiva en sus consejos de administración para obtener créditos de escasa solvencia o en condiciones mucho más ventajosas o condiciones de prejubilación que han perjudicado a terceros.»

El fiscal general responde al fiscal jefe de Castilla y León que «no concurren elementos de conexidad [entre las citadas cajas de ahorro] que justifiquen su tramitación conjunta» y que «no hay razones fundadas» para que sea la Fiscalía Anticorrupción la que investigue los hechos denunciados.

 

La Junta pide respeto

La Junta de Castilla y León pidió hoy respeto y que se deje actuar a la justicia en la investigación abierta por la Fiscalía sobre los sueldos, indemnizaciones, prejubilaciones y créditos de los directivos de las extintas cajas de ahorro de la Comunidad. Así lo manifestó el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, al valorar esa actuación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

De Santiago-Juárez aclaró, no obstante, que la investigación no se sigue ante instrucciones del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, sino que ya estaba abierta con antelación, como recordó que ha precisado el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL), Manuel Martín-Granizo.