El exdirector general de Caja Segovia Manuel Escribano sostuvo hoy, en su declaración en el juicio por las prejubilaciones, que la entidad siempre tuvo beneficios y “no estaba en crisis”, llegando estar entre las cinco mejores cajas de España. Escribano fue el primer acusado en declarar y mantuvo fuerte intercambios dialécticos con los abogados de la Fundación Caja Segovia y de IU, que ejercen la acusación particular y popular. La vista oral se reanuda hoy con una doble sesión de mañana y tarde.
Manuel Escribano fue tajante ante la primera pregunta del letrado de Izquierda Unida, Alberto López Villa, al afirmar: “no le voy a permitir que hable de crisis” porque Caja Segovia “no estaba en crisis”, cuando en 15 años logró un total de “400 millones de euros de beneficios antes de impuestos” y, “en diez años”, se dotó a la Obra Social y Cultural con 80 millones de euros, para una provincia con 150.000 habitantes.
El exdirector general recordó que las cuentas de la entidad estaban sometidas y aprobadas por todos los órganos de gobierno internos de la Caja, además de auditorias externas, el Banco de España, la Junta de Castilla y León y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que, según argumentó Escribano, nunca pusieron objeción alguna. Además, remarcó que Caja Segovia llegó a estar “entre las cinco mejores” cajas de ahorros del país, cuando por tamaño ocupada el puesto “36-37 de 45”.
Manuel Escribano, cuya declaración se extendió durante casi tres horas, leyó fragmentos del informe sobre la salud de las cajas que se integraron en el Sistema de Protección Institucional (SIP), que dio origen a Bankia, que situaba como las mejores a Caja Segovia y Caja La Rioja. Escribano también argumentó que Caja Segovia podía haber obtenido unos beneficios de 70 millones de euros, en su último ejercicio, en 2010, si no se hubieran cargado las cuantías de las prejubilaciones de todos los trabajadores de la entidad del año siguiente.
El exdirector de Caja Segovia defendió que, por su cargo, no tenía obligación de ir a la Comisión de Retribuciones pero iba para “asesorar”, remarcando que “toda la documentación” se ponía a disposición de los consejeros “con 36 horas de antelación”, que los informes estaban en la Secretaría tenían “un despacho propio”. En su opinión, “no se puede cuestionar” que los consejeros de Caja Segovia no tuvieran tiempo para examinar los informes porque “no es cierto”, ya que su “sistema de gobierno corporativo” es el “más garantista que he conocido”.
Restricción de derechos
Escribano recordó que el plan de prejubilaciones de Caja Segovia se aprobó en 2006, y en dicha reunión, ya se hizo la previsión de las cuantías para los años siguientes. Un plan que tenía como principal objetivo “mantener el comité de dirección durante el periodo de ejecución del Plan Estratégico de la entidad entre 2007 y 2011, para que estos directivos “no abandonaran la Caja”.
Por este hecho, según Escribano, esta medida “no fue un privilegio” sino “una restricción de derechos” respecto al resto de empleados de Caja Segovia, porque algunos cumplían el requisito “único” para acceder al plan de prejubilación de tener 53 años, incluso el consejo de Administración, por razones de salud, aprobó prejubilaciones a empleados con 52 y 51 años.
Los cargos de dirección, argumentó el exdirector general, mantuvieron su compromiso con la entidad de seguir esos cuatro años y no fueron los cinco años porque fueron los órganos de Gobierno de Caja Segovia los, que “de forma unilateral”, tomaron la decisión de abandonar el Plan Estratégico e “irse al SIP de Bankia”, lo que motivo “el efecto liberador para solicitar la prejubilación”.
En un duro y largo enfrentamiento dialéctico con Rafael Iturriaga, abogado de la Fundación Caja Segovia, Escribano insistió en que firmó un documento “de mutuo acuerdo con la Caja” con un compromiso y tenía que respetar “el contenido clausurado” porque “yo siempre he querido a la Caja, remarcó, y Caja Segovia “me lo ha dado todo y yo todo a ella”.
Manuel Escribano tenía un contrato de alta dirección y, en el momento de dejar la entidad, tenía 54 años por que lo que tenía que cobrar 11 años de prejubilación hasta los 65 años. Rafael Iturriaga cifró esta cantidad en 5,8 millones de euros, que el exdirectivo no matizó ni hizo ninguna corrección, para argumentar que fue “un compromiso adquirido por las dos partes”, y que el cumplió la suya de permanecer vinculado a Caja Segovia y la entidad fue la que “lo acortó en un año”.
Uno de los momentos más álgidos de la declaración de Escribano fue afirmar que “ojalá se hubiera podido” adherir al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Bankia porque le hubiera supuesto cobrar 660.000 euros más por esos 11 años, que lo que cobró con Caja Segovia, donde siempre se cumplió a rajatabla la normativa vigente y la Ley de Cajas de Castilla y León.
Ético y coherente
Manuel Escribano aseguró, a lo largo de su declaración judicial, que siempre fue “ético” y “coherente” con la entidad financiera, disminuyendo en casi 200.000 euros de forma voluntaria su salario para “respetar el espíritu” del acuerdo del Comité de Retribuciones de 2006, sobre las prejubilaciones. Además quiso recordar que su contrato como director general de Caja Segovia fue aprobado por el que fuera vicepresidente Javier Reguera, hoy presidente de la Fundación Caja Segovia, que ejerce la acusación particular.
La primera jornada del juicio de las prejubilaciones finalizó con la declaración del exsecretario general de la entidad, Antonio Tapias, que defendió su papel en las reuniones como «secretario de actas», donde «no tenia voto» ni «capacidad de decisión». Así mismo, recordó que los planes de prejubilación de la Caja ya existían cuando él ingresó en 1975.
Antonio Tapias sostuvo, al igual que Escribano, en la transparencia y control de todas las decisiones y acuerdos de Caja Segovia con auditorias externas y del Banco de España anuales, lo que les obligaba «a ser transparentes por narices» y que nunca hubo «ninguna sospecha de fraude». Tapias se prejubiló con 55 años y cobró 1,8 millones de euros.
Las declaraciones del resto de los acusados por administración desleal y apropiación indebida Atilano Soto, Elena García Gil, Manuel Agudíez y Enrique Quintanilla continúan hoy, en doble sesión, por decisión del presidente de la Sala de la Audiencia de Segovia.
