El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Encabo, planteó ante la Comisión de Hacienda de las Cortes, la imposición de multas coercitivas de entre 600 y 3.000 euros para los responsables de que entidades locales incumplan su obligación de rendir cuentas ante al organismo que dirige. Encabo, que presentó cuatro informes de fiscalización del sector local autonómico, incidió en la necesidad de que su propuesta de reforma de la Ley de Consejo de Cuentas salga adelante en las Cortes de Castilla y León, para otorgar capacidad al órgano para imponer sanciones a aquellos que rechacen su requerimiento, con multas entre esas cuantías “con posibilidad de ser reiteradas” hasta obtener respuesta.
Y es que Encabo recalcó que “no es de recibo” que 148 ayuntamientos de Castilla y León “jamás” hayan rendido cuentas ante el Consejo, de los cuales 21 son segovianos, algunos de ellos de más de 3.000 habitantes, con una población global de 35.595 ciudadanos, “cuando todo el mundo tiene derecho a conocer lo que se gasta y cómo”, dijo. Jesús Encabo resaltó su apuesta en la “nueva etapa” del Consejo por “concienciar a todos” de la obligación de rendir cuentas, y constató que desde julio, cuando se dirigió a los municipios que nunca lo habían hecho, 32 de ellos han asumido su obligación, aunque “100 siguen sin contestar, han quedado silentes”.
Asimismo, gracias a su trabajo, sustanció, a fecha de 14 de noviembre, 1.341 ayuntamientos ya habían rendido las cuentas de 2011, el 59,7 por ciento del total, cuando a finales de octubre ese porcentaje estaba en el 54,3 por ciento. “Sigue el goteo”, dijo. Asimismo, anunció que si en otros ejercicios el plazo par la fiscalización, que se cierra oficialmente el 31 de octubre, se prorrogaba hasta abril o junio, este año concluirá el 31 de diciembre, porque “se debe cumplir en tiempo y forma”.
Encabo también anunció que ha enviado 400 cartas a las entidades menores con una mayor capacidad económica para que rindan cuentas, y reconoció que en el caso de estos entes la situación es “compleja”, sobre todo en León, Burgos y Palencia, donde más se concentran. Aseveró que seguirán insistiendo con aquellos que no rindan cuentas.
Jesús Encabo explicó, asimismo, que un futuro informe del Consejo analizará los problemas que sufren los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes a la hora de rendir cuentas, y señaló que están detectando una “falta de provisión de plazas” y una rotación elevada de los interventores, con cuatro o cinco en pocos años, lo que no facilita la rendición de cuentas. Asimismo, anunció otros dos informes que permitirán visualizar de forma “esclarecedora” la situación del sector empresarial y fundacional de la Comunidad.
El presidente del Consejo de Cuentas contrastó las cifra de cumplimiento de este año con la ofrecida en el informe sobre las cuentas del sector público local en Castilla y León en 2009 que hoy presentó ante la Comisión de Hacienda, cuando sólo cumplieron en plazo el 9,6 por ciento de los municipios (55,9 por ciento cuando se cerró el análisis en junio) y ese porcentaje se situó en el 4,3 por ciento de las entidades locales menores. En este sentido, el documento señala que cuantificar y determinar la actividad económico-financiera del sector público local de la Comunidad ha sido hasta ahora “imposible” porque la gran mayoría de las entidades locales no rinde cuentas. En este sentido, se señala que es preciso dar respuesta legal clara a las carencias existentes en las estructuras administrativas de estas entidades.
Jesús Encabo quiso dejar claro que el informe que presentó fue aprobado por el pleno del anterior equipo director del Consejo, donde se pide que algunas ayudas y subvenciones de la Junta estén supeditadas a la efectiva rendición de cuentas. Algo que rechazó el procurador del PP Salvador Cruz, quien explicó que no deben pagar todos los habitantes de un municipios, por un error de una persona, y se mostró partidario de la apuesta de Encabo por medios coercitivos.
Apoyo del PSOE a las multas
El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión, José Franciso Martín, destacó que le “parece bien” el establecimiento de multas coercitivas, pero puntualizó que “es responsabilidad de la Junta desde su papel de tutela de las entidades locales facilitar y exigir el cumplimiento de esta obligación”.
Asimismo, recalcó la necesidad de que se aclare de quién es la responsabilidad de que un municipio no haya rendido cuentas, porque en muchos casos no es del responsable político, sino del técnico funcionario de carácter estatal. “En muchos casos son éstos el verdadero obstáculo”, denunció. El procurador también exigió que se cierre de “una vez por todas” el catálogo de entidades del sector público local en Castilla y León.
Además, Martín manifestó que es necesario un “modelo más sencillo y asequible” para las entidades locales menores, ante la imposibilidad de rendir cuentas por la mayor parte de las mismas. “A ver si con la reforma legislativa del Consejo de Cuentas se puede cambiar esto”, dijo, para contestar Encabo que no pueden cambiar el modelo de rendición de cuentas, ya que depende de una normativa estatal.
Por su parte, el procurador del PP Salvador Cruz apostó por establecer medidas para que los ayuntamientos con capacidad económica, rindan cuentas, porque “hay que diferenciar” entre los de mayor tamaño que no lo hacen, lo que reviste, dijo, de “mayor gravedad”, de las entidades menores, con más dificultades. “Hay que establecer mecanismos de diferenciación entre los ayuntamientos de mayor tamaño y las entidades menores”, dijo. Aún así, Cruz lamentó que hay pocas entidades locales que rindan sus cuentas en plazo.
Cabe destacar también que en el informe del Consejo de Cuentas de 2009, ya se hacía referencia a la ordenación del territorio, y se pide una reconsideración “con el fin de solventar estas deficiencias contables, íntimamente relacionadas con las insuficiencias de medios personales y materiales, consiguiendo una estructura organizativa más económica, eficiente y eficaz de las entidades locales de Castilla y León”. Otra conclusión recalca que en el caso de mancomunidades y entidades asociativas inactivas durante varios ejercicios, se debería valorar la necesidad de su existencia, iniciando en su caso, los trámites para su disolución.