El Congreso de los Diputados convalidó este miércoles el decreto que prorroga los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre, refuerza la protección de los autónomos y crea un fondo de 600 millones para el consumo energético de la gran industria con apoyo casi unánime de los Grupos parlamentarios y lo tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

El decreto recibió 288 síes, no acusó voto contrario alguno y sí 59 abstenciones. Se tramitará como proyecto de ley después de que algunos partidos lo reclamasen para introducir mejoras gracias al apoyo a esta demanda de 343 diputados, un voto en contra y dos abstenciones.

Su defensa corrió a cargo de la ministra de Trabajo y economía Social, Yolanda Díaz, quien explicó que es “una norma de reactivación económica y, sobre todo, de compromiso con las personas y las empresas”. “Surge en un momento crítico en el que el objetivo no es sólo resolver un problema más, sino consolidar trabajos, consolidar profesiones, consolidar empresas y consolidar industrias para que sean capaces de crear riqueza, asegurar derechos”, abundó poniendo de relieve que se ha decidido además en el marco del diálogo social.

El decreto entró en vigor el pasado día 27 de junio tras su aprobación la víspera y a tres días de que finalizase la anterior prórroga de los ERTE, que vencía el 30 de junio, y la protección de los autónomos. Su extensión obliga a mantener el empleo durante los seis meses siguientes al ERTE, contempla el recurso a los mismos en caso de rebrote e impide las horas extras o realizar contrataciones mientras se mantenga esta figura de suspensión temporal de contratos.

Para ayudar a las empresas y promover al tiempo la reincorporación de los empleados establece una serie de exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social. Si son compañías acogidas a ERTE de fuerza mayor parcial se ahorrarán del 60 por ciento para los trabajadores que se reincorporen y del 35 por ciento para los que sigan suspendidos en empresas con menos de 50 trabajadores. Si tienen más de 50 empleados las exoneraciones se sitúan en el 40 por ciento para los activados y del 25 por ciento para los no activados para los meses de julio, agosto y septiembre.

Las empresas en ERTE por fuerza mayor total contarán a su vez con un periodo transitorio durante el que se podrán beneficiar de un esquema de exoneraciones decrecientes: 70, 60 y 35 por ciento en los meses de julio, agosto y septiembre, respectivamente, en compañías con menos de 50 empleados y del 50, 40% y 25 por ciento si superan dicha plantilla.

La ministra recordó que establece la salvaguarda de que las empresas que se acojan a ellos no podrán estar radicadas en paraísos fiscales ni repartir dividendos, poniendo en valor la propia figura del ERTE. “Son instrumentos que no sólo sirven para garantizar el empleo de las personas contratadas, sino que además buscan el compromiso de las empresas con el empleo estable con mayúsculas”, al establecer incentivos “para una transición pactada hacia la recuperación de la pandemia” y prever su uso en caso de rebrotes de la pandemia.

El segundo bloque de la ley refuerza las ayudas a los autónomos. Díaz quiso poner de relieve que la ley es fruto de un acuerdo con las tres organizaciones sectoriales (ATA, UPTA y Uatae) y establece un sistema “coherente” con el fijado para los ERTES “porque comparte sus objetivos y sus herramientas e, incluso, comparte también su carácter consensuado, lo que refuerza su legitimidad social y, por supuesto, su eficacia”, explicó.

El decreto establece que los trabajadores por cuenta propia que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria por cese de actividad, no pagarán la cuota de julio y tendrán una exención del 50 por ciento en agosto y del 25 por ciento en septiembre, lo que supondrá un ahorro mínimo de más de 500 euros por autónomo durante los próximos tres meses, según explicó la ministra. Además, los beneficiarios de la prestación podrán solicitar el paso a la prestación ordinaria por cese de actividad, siempre que acrediten una reducción de la facturación del 75 por ciento.

La ministra abundó en que también se incluye una nueva ayuda para los autónomos de temporada o colectivo que suele realizar su actividad vinculada al periodo estival, dándoles acceso a la prestación extraordinaria durante cuatro meses, desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre.

La tercera parte del decreto se refiere a la creación del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (Fergei), que estará dotado con 200 millones de euros anuales, con un máximo de 600 millones para tres años. Se trata de la antesala a la aprobación del estatuto del consumidor electrointensivo, que quedó paralizado la pasada legislatura por la disolución de las Cortes y que el Consejo de Ministros aprobará en próximas fechas.

La ministra explicó que busca procurar que el coste del suministro eléctrico local “sea asequible y estable” y permita una “adecuada” posición de la industria española “frente a sus rivales europeos y del resto del mundo”. “La creación de este fondo contribuye a la necesidad de dotar a la política industrial de estabilidad, permanencia, certidumbre y compromiso presupuestario, así como a modernizar el modelo productivo y orientarlo hacia la transición ecológica y la transformación digital con la configuración de este fondo”, resumió.

Denunbcia de VOX

Una de las mayores enmiendas al texto apoyado por casi todos los grupos parlamentarios llegó desde Vox. “Es una nueva muestra de la inseguridad jurídica que provoca permanentemente este Gobierno”, refirió su diputado Juan José Aizcorbe al anunciar que no votaría a favor.

Entre los factores que introducen, a su juicio, inseguridad jurídica citó la aprobación de la prórroga de los ERTES pocos días antes de que venciese su vigencia el pasado 30 de junio “provocando intranquilidad en las empresas” y avisó que de podría repetirse ya que el día 1 de octubre, si no hay nueva extensión, “empezará el goteo” o “avalancha” de concursos de empresas. Apuntó además como “inseguridad jurídica” la “complejidad” que representa para las empresas acudir a los ERTE si hay rebrotes, con el riesgo de que cuando se resuelvan “probablemente ya habrán cerrado” o la contradicción de no poder hacer horas extras aunque tengan puntas productivas.

La diputada del PP, Carolina España, anticipó su apoyo al ser medidas pactadas en el marco del diálogo social, aunque cuestionó sobre “¿qué va a pasar después del 30 de septiembre?” y pidió alargar los ERTE hasta final de año o el primer trimestre del próximo ejercicio. “No se puede dejar a los trabajadores a la intemperie”, inquirió, subrayando que los ERTE se han convertido en un mecanismo útil tras las modificaciones introducidas por el Gobierno del PP.

Según dijo, “con la izquierda y la extrema izquierda” España “siempre vuelve a las colas del paro”, indicando que ya se habían destruido 244.000 empleos antes del Covid, hay 700.000 parados “más que cuando Sánchez llegó al Gobierno” y en la afiliación de la Seguridad Social hay casi 900.000 afiliados perdidos.

La diputada del PSOE, María Dolores Narváez, le recordó que ha estallado una pandemia y “este Gobierno no ha escatimado recursos en ese objetivo de proteger a las personas” en el que enmarcó el decreto ley debatido y cuyo foco es “evitar” la destrucción de puestos de trabajo y “proteger al tejido productivo”. A título ilustrativo recordó que la flexibilidad de los ERTE ha permitido la suspensión de contratos a casi 3,5 millones de empleados y se ha acometido hasta junio una inversión de 5.400 millones de euros en protecciones, dando “seguridad y tranquilidad” a las empresas y los trabajadores.

Reforma Laboral

La demanda más común de diferentes partidos a la ministra fue la derogación de la reforma laboral empezando por el diputado de su propio partido, Alberto Rodríguez. El diputado de Unidas Podemos defendió como “clave” regular para “terminar con los falsos autónomos”, regular el trabajo a distancia y abolir la reforma laboral. “Es igual de clave o más no dar ni un paso atrás en la derogación de la reforma laboral”, añadió, apuntado de manera específica a cuestiones como la ultraactividad, la prevalencia del convenio del sector sobre el de las empresas o fortalecer la negociación colectiva, calificándolas de “urgentes”.

También solicitaron derogar la reforma laboral el diputado de EH-Bildu, Oskar Matute, con el argumento de que “eso sí es consolidar empleo y empleo de calidad”, o el diputado del BNG, Néctor Rego Candamil, quien apuntó la urgencia de modificar, sobre todo, el artículo que permite a las empresas acometer despidos colectivos como ha ocurrido con Alcoa, “sin control de la administración”. También desde ERC pidió “acabar con la legislación antisocial” creada entre los años 2008 y 2010. “No puede haber escudo social sin desmontar las dos reformas laborales”, afirmó su diputado Jordi Salvador i Duch, asegurando que es lo que esperan los votantes ya que “es la más peligrosa de las políticas sociales”.

En sentido opuesto se pronunció el diputado de UPN, Sergio Sayas, conminando al Gobierno a “aparcar la insensatez” en alusión directa a tal medida laboral o a subir los impuestos. “La reforma laboral, además de una insensatez, es una tremenda irresponsabilidad”.

Desde Ciudadanos, María Muñoz Vidal, reivindicó que su partido apostó “desde el minuto uno” por los ERTE “para no repetir el aluvión de los ERE”, sugiriendo que estarían en tela de juicio si se deroga la reforma laboral como solicitan “los socios” del Gobierno. A su juicio, “cuanto más flexible y cuanto más duren” para determinados sectores como la hostelería o el turismo “más eficaces serán”. Emplazó al Ejecutivo a evitar “repetir los errores del pasado”, apartando la ideología y rectificando “donde se ha errado”.