El edificio inacabado del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT) de Segovia continúa pendiente de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se pronuncie sobre el préstamo estatal concedido en 2009 para financiar las obras y bloqueado desde junio de 2013 por el incumplimiento del plazo de ejecución. La quiebra de la constructora adjudicataria, Volconsa, terminó de complicar el avance de este proyecto que estaba llamado a ser buque insignia de la candidatura (ya frustrada) de la ciudad del Acueducto a Capital Cultural Europea 2016. Y hoy, más de nueve años después de la firma del primer convenio Gobierno-Ayuntamiento, persisten los problemas para terminar el primero de los diez edificios previstos inicialmente.
El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, cree que el Ministerio dará una respuesta “en dos o tres meses”, aunque teme que bajo esta inquietante espera subyazca cierta “estrategia política”, según advierte a Ical. En cualquier caso, lo cierto es que la tramitación administrativa del desbloqueo o la suspensión definitiva del controvertido crédito (con casi cuatro millones pendientes de ejecutar y ahora ‘congelados’) vive una situación cuando menos peculiar, ya que la responsable del área que debe resolver el asunto se jubiló a finales del año pasado y su puesto permanece vacante desde entonces.
El Ministerio no aclara si esta circunstancia ha podido demorar los plazos, y tampoco se ha pronunciado sobre su estado de tramitación. Y la subdelegada del Gobierno en Segovia, Pilar Sanz, por su parte, pone voz al incómodo silencio estatal para tratar de dar una respuesta en la medida de sus posibilidades y competencias: “La subdirectora que llevaba este asunto se jubiló antes de Navidad y de momento no hay nadie que la esté sustituyendo, con lo cual no sé si eso se sigue revisando o en qué situación está, y tampoco sé si lo habrá retrasado o no”, matiza.
El pasado 21 de diciembre se cumplían precisamente nueve años de la firma de un convenio entre Arahuetes y el entonces ministro de Industria, José Montilla, por el que el Gobierno comprometía 300.000 euros para costear el plan de viabilidad del CAT, concebido para acoger e impulsar actividades ligadas a las artes, la cultura, el diseño y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y el Ayuntamiento, a su vez, formalizaba la cesión de más de siete hectáreas en el sector Prado Bonal, cerca de la estación del AVE, para desarrollar “un espacio de innovación” con diez edificios dispuestos en torno a tres plazas de nueva creación. El coste final previsto (incluyendo inversión privada) superaba los 120 millones de euros.
Sin embargo, de todo ello hasta el momento sólo se ha podido acometer, y parcialmente, el denominado Edificio de Emprendedores C Fase 1 del CAT. Las obras se adjudicaron en marzo de 2011 con un presupuesto de 9.000.420,97 euros y un plazo de ejecución de 15 meses. Es el primero de los diez inmuebles citados y cuenta con una superficie construida de 7.073 metros cuadrados: 1.179 distribuidos entre despachos compartidos, espacios para impartir formación o salas de reuniones para empresas ‘virtuales’ que no dispongan de sede fija allí; y 2.737 para albergar empresas en régimen de alquiler permanente, así como un auditorio con capacidad para 135 personas y una zona de exposición, entre otras dependencias. En esencia, un centro de negocios ligados a las artes y las nuevas tecnologías del que se espera la generación de medio millar de puestos de trabajo.
El préstamo, en fase de revisión
La subdelegada del Gobierno recuerda que la última prórroga que concedió el Ministerio para completar la ejecución del proyecto expiró el pasado 30 de junio, por lo que cree que el Ayuntamiento de Segovia no habría cumplido con el calendario aunque la constructora no hubiera quebrado el verano pasado. “En ese momento se abrió un plazo para presentar la justificación de las obras que acababa el 31 de agosto de 2013”, apunta.
El Consistorio segoviano remitió la documentación justificativa de los trabajos realizados dentro del periodo previsto, “y es a partir de entonces cuando los técnicos empiezan a revisarla” para decidir si procede o no el desbloqueo del préstamo. El área ministerial encargada de este proceso es la Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información, cuya titular era María Ángeles Barragán hasta el año pasado.
Se trata, principalmente, de verificar que se ha respetado la Ley General de Subvenciones 38/2003 y las condiciones del convenio por el que se concedió la ayuda estatal, enmarcada en el Plan Avanza del Ministerio de Industria: “Es fundamental comprobar el cumplimiento de los fines por los que se concedió la subvención, porque si no, se corre el riesgo de tener que reintegrar el importe”, continúa Sanz, quien precisa que le “consta que en el último trimestre del año pasado sí que estaban los técnicos en ese proceso de revisión”.
El Ayuntamiento de Segovia sostiene que el retraso de las obras está justificado por la crisis que arrastró Volconsa durante meses hasta su definitiva quiebra y disolución. Pero la última palabra la tiene el Ministerio, de ahí que el alcalde haya denunciado en reiteradas ocasiones la falta de respuesta del secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, a quien pidió una reunión en mayo de 2013 para abordar este asunto.
Casi cuatro millones sin ejecutar
La ayuda gubernamental aprobada en noviembre de 2009 para costear el denominado Proyecto de Desarrollo del Centro de Desarrollo e Innovación Empresarial (CIDE) incluía una subvención directa de 1.097.431 euros y un préstamo de 9.711.300. De ese total de 10,8 millones, el Consistorio segoviano remitió documentación justificativa del gasto de 7.016.761,58 euros y, por tanto, cuando se produjo la paralización quedaban pendientes de ejecución 3.831.732,42.
Fuentes municipales sostienen que el edificio se habría terminado con dos meses más de trabajo “a pleno rendimiento”, y ahora, retomarlo con una nueva contrata supondrá “por lo menos” medio año de obras “a partir de que se retome el proceso”. Pero la cuestión principal se centra ahora en cómo financiar su construcción.
Arahuetes insiste en que el problema es “transitorio” porque, si el Ministerio impide el uso de esos casi cuatro millones, el Ayuntamiento podría pedir otro préstamo por su cuenta y “no pasaría absolutamente nada”, más allá del evidente retraso que ya supone la falta de respuesta y el tiempo que llevarían los nuevos trámites. Y entretanto, la subdelegada del Gobierno subraya que lo que sí espera es “que se encuentre una solución, porque hay un edificio sin acabar que corresponde a todos los segovianos”.
