La Comisión Ejecutiva del Banco de España concluyó este martes el proceso de aprobación formal de los planes que las entidades financieras presentaron antes del 31 de marzo para el cumplimiento de lo previsto en el decreto de saneamiento del sector financiero, que establece exigencias adicionales de provisiones y capital en relación con los activos vinculados a la actividad inmobiliaria.

Según informó el Banco de España en una nota recogida por Ical, en conjunto las entidades han comunicado unas necesidades adicionales de provisiones por importe de 29.077 millones de euros y unas mayores exigencias de «capital principal» de 15.573 millones de euros, después de los saneamientos extraordinarios por 9.192 millones ya efectuados anticipadamente al cierre de 2011.

De la información recibida se concluye que 90 entidades tienen a 31 de marzo de 2012 «completamente cubiertas las exigencias» de la normativa del Gobierno. Las 45 entidades restantes han comunicado al Banco de España los planes para cumplir en el plazo previsto.

Entre ellas hay dos entidades, Caja 3 y CEISS (Caja España-Duero), que han planteado su intención de participar en procesos de integración con otras dos, que son Ibercaja e Unicaja, respectivamente, para cumplir con las nuevas exigencias.

Otras tres entidades están controladas por el Frob (Banco de Valencia, Catalunya Banc y NCG Banco), y su saneamiento se realizará mediante la entrada de nuevos accionistas a través de un proceso de venta que concretará el propio Frob, explicó el supervisor. En el caso de las dos primeras entidades citadas, el proceso se ha puesto en marcha la semana pasada.

En los planes presentados también se informa de otras cinco operaciones de adquisición o fusión en las que participan once entidades, que se encuentran en distintas fases de tramitación.

Desde el Banco de España indicaron que, asimismo, 12 cooperativas de crédito pueden participar en algún proceso de esta naturaleza según sus propósitos actuales, sin perjuicio de que han informado de sus planes de cumplimiento de manera individual.

 

Nuevas provisiones

La cifra global de nuevas provisiones va a ser parcialmente cubierta mediante el uso de 3.917 millones de euros de provisiones genéricas.

El resto del saneamiento se realizará con cargo a la cuenta de resultados y, en el caso de integraciones, la parte correspondiente a los activos de las entidades que tengan la condición de «adquiridas», con cargo a patrimonio neto, por aplicación de la normativa contable de fusiones.

Las nuevas exigencias deberán cubrirse a lo largo de 2012, con la excepción, en su caso, de aquellas entidades que durante este año lleven a cabo procesos de integración, que tendrán de plazo 12 meses desde la autorización de la fusión.

 

Fecha prevista

Los planes presentados también muestran que todas las entidades pueden cumplir con sus requerimientos de «capital principal» en la fecha prevista, incluyendo el recargo especial de capital para riesgo inmobiliario introducido por la nueva normativa.

El cumplimiento se alcanzará mediante las aportaciones de capital estimadas en unos 12.500 millones y por retención de resultados.

Además, según el regulador, «muchas entidades cuentan con holgura suficiente de capital principal». En algún caso, dichos planes incluyen medidas de colocación de capital a terceros que conllevan que el umbral de «capital principal» exigido legalmente se reduzca desde el actual diez por ciento, hasta el ratio general del ocho por ciento.

 

Pérdidas

Desde el organismo indicaron que este último hito en el proceso de reforma financiera iniciado en 2009 supone un «paso muy importante» y un «esfuerzo añadido para las entidades españolas», que experimentarán en sus cuentas de resultados el impacto del saneamiento extraordinario exigido, «lo que se traducirá en una reducción de beneficios y en la posibilidad de que, en algunos casos, se lleguen a registrar pérdidas durante 2012».

«La parte positiva de este esfuerzo será que las entidades estarán en una situación más favorable de cara al futuro», subrayó. En este sentido, explicó que «el elevado grado de cobertura de los riesgos inmobiliarios que se alcanzará, incluso para la inversión de carácter normal, liberará en los próximos años a sus cuentas de resultados de esfuerzos inusuales en relación con estos riesgos, y se reforzará su situación patrimonial y la confianza externa en su solvencia».