El Ayuntamiento de Segovia ha ordenado la clausura del garaje situado en la calle Los Almendros nº 1 tras un expediente urbanístico abierto por la ejecución de obras no autorizadas en el inmueble. La medida, que entrará en vigor el próximo 20 de octubre, afectará a la totalidad de las plazas, con licencia y sin ella, permitiendo únicamente el acceso peatonal para mantener los recorridos de evacuación del edificio.
El decreto de clausura fue firmado por la Alcaldía el 10 de octubre, una vez vencido el plazo concedido para la regularización del aparcamiento. El cartel colocado en la entrada la tarde de este viernes informa a los usuarios de que deberán retirar sus vehículos antes de esa fecha.
De 69 a 98 plazas sin autorización
La licencia de apertura original, concedida en 1989, autorizaba 69 plazas de garaje. Poco después, en el plano interior del aparcamiento se ‘dibujaron’ 29 plazas adicionales en una zona que, según el proyecto inicial, debía destinarse a almacén. No se trató de una ampliación física de la superficie, pero sí de una reconfiguración del uso para aumentar el número total de plazas hasta 98.
Esa modificación nunca fue autorizada: el Ayuntamiento denegó en dos ocasiones, en 1991, los intentos de legalizarla, tampoco contó con el consentimiento de la comunidad. Esa circunstancia es uno de los elementos que han llevado a que el garaje esté en situación irregular desde hace décadas.
Obras no autorizadas y trasteros
A todo ello se suma la actuación posterior sobre un local interior para habilitar 18 trasteros, promovida por la empresa Velasco Hernanz S.L., lo que dio lugar al expediente urbanístico actualmente en vigor.
Según los informes técnicos municipales, esa actuación no cumplía con las condiciones de ventilación, seguridad y evacuación exigidas por la normativa vigente, y carecía de autorización municipal.
Actuaciones administrativas entre 2023 y 2025
La actuación urbanística que dio origen al expediente se remonta a febrero de 2023, cuando la empresa promotora presentó la primera declaración responsable para acondicionar el local interior y convertirlo en 18 trasteros. A lo largo de 2024 y 2025 se sucedieron nuevas aportaciones de documentación técnica y respuestas a requerimientos municipales. Estas gestiones se produjeron en un momento en que Rosalía Serrano ya formaba parte del equipo de Gobierno municipal, ejerciendo como concejala y primera teniente de alcalde.
Un intento de regularización que no se completó
La Comunidad de Propietarios presentó en julio una declaración responsable para adecuar las instalaciones, con un presupuesto de 78.496 euros. El Ayuntamiento emitió una conformidad condicionada, estableciendo un plazo de dos meses para la ejecución de las obras de adaptación.
Transcurrido ese plazo sin que se hayan finalizado los trabajos, la Alcaldía ha ordenado ahora la clausura del aparcamiento, alegando motivos de seguridad y cumplimiento de la normativa urbanística vigente.
Vinculación societaria y contexto político
Las obras que originaron el expediente fueron promovidas por Velasco Hernanz S.L., una sociedad mercantil vinculada a la concejala de Hacienda, Fondos Europeos y Contratación, y primera teniente de alcalde, Rosalía Serrano, que ejerció como administradora única de la empresa.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha solicitado su cese y ha anunciado que podría emprender acciones legales si no se adoptan medidas. Serrano ha explicado públicamente que no ha percibido retribuciones económicas por esa actividad y que su participación en la sociedad se derivó de una herencia sobrevenida. Además, actualizó su declaración de bienes en julio de 2025 para reflejar que ya no ejerce esa responsabilidad societaria.
Declaraciones previas y procedimiento técnico
El alcalde, José Mazarías, manifestó en declaraciones previas a la orden de clausura que “no hay caso Rosalía” y expresó su confianza en la versión de la concejala. También defendió que se trata de un expediente urbanístico “que debe seguir su cauce técnico”.
La clausura del garaje es, de hecho, la consecuencia directa de un procedimiento administrativo, abierto a raíz de las obras no autorizadas y de un proceso de legalización no concluido en el plazo fijado.
Mientras tanto, la comunidad de propietarios deberá retirar los vehículos antes del 20 de octubre, cuando se hará efectiva la clausura.
