Los alquileres de renta antigua en los locales con algún tipo de negocio en España dejarán de tener validez al concluir el próximo mes de diciembre y, con ello, los inquilinos perderán unos contratos con precios bajos, ya que los inmuebles comerciales regresarán al mercado libre. Al respecto, las asociaciones que defienden los derechos del sector en Castilla y León han mostrado “preocupación y prudencia” por las repercusiones que la medida puede acarrear.
Los comerciantes de distintos ramos que establecieron un contrato de arrendamiento antes del 9 de mayo de 1985 deberán renegociar sus condiciones con los propietarios. Buena parte de ellos ya lo han hecho en todas las provincias de la Comunidad, pero aún existen muchos inquilinos que están a la espera de alcanzar un acuerdo y temen cerrar si la subida que les propongan los dueños de los locales es excesiva. Mientras tanto, hay otras voces que piden una prórroga al Gobierno hasta que se consolide la recuperación económica y exista un mayor consumo e ingresos.
El que fuera ministro de Economía, Miguel Boyer, decidió terminar con una norma que fue creada en 1964 donde se establecía la prórroga forzosa y de carácter vitalicio de los alquileres de locales al precio entonces estipulado. Luego se estableció una moratoria que ha durado casi 30 años y, al terminar, algunos inquilinos de distintos negocios de comercio y hostelería se plantean abandonar los locales y buscar una nueva ubicación o cerrar al dejar de ser rentable su actividad profesional..
Problema añadido
El presidente del Consejo de Comercio de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), Alfredo Martínez, señala que, de momento, el cambio se ve “con prudencia”, entre otras cuestiones porque no se dispone de un censo de ese tipo de locales. Aunque considera que la desaparición de los alquileres de renta antigua “no deja de ser otro problema añadido para el comercio tradicional”, tampoco quiere ser pesimista.
En las circunstancias económicas actuales, apunta, en el caso de León hay muchos locales comerciales disponibles en el mercado y la negociación con los arrendatarios parece que será más fácil porque los precios han bajado sensiblemente. “La situación ahora es más favorable para poder negociar y eso hará que pueda ser menos traumático”, concluye.
Por su parte, la presidenta de la asociación Centro Comercial Palencia Abierta, Judith Castro, califica de “inconveniente muy serio” para el pequeño comercio la extinción de la renta antigua y aseguró que es un peldaño más que hay que subir en la complicada situación del sector. Informó que afecta especialmente a comerciantes del centro de segunda generación que, en muchos casos, se han subrogado del contrato existente y tendrán mayores dificultades para sacar adelante su negocio.
Al respecto, asegura que podrían ver incrementado el alquiler que pagan de entre 300 y 500 euros mensuales como renta antigua a los 3.500 o 4.000 que se están pidiendo de media en el mercado libre para un local de 150 metros cuadrados en la calle Mayor. Por ello, recomendó que los arrendatarios comiencen cuanto antes a negociar con los propietarios un acuerdo que satisfaga a ambas partes y así evitar cierres de negocios. Castro reconoció que esta normativa está provocando cierta “incertidumbre” y nerviosismo entre los comerciantes palentinos que podrían verse afectados y que suponen entorno al 5 por ciento de los 170 que integran la asociación.
Primar a las grandes superficies
El presidente de la Federación de Comerciantes de Soria, Jesús Múñoz, lamenta la decisión del Gobierno de extinguir los alquileres de renta antigua en los locales de España, y recalca que la nueva normativa, unida a otras decisiones como la subida del IVA, solo provocan la desaparición de las pymes y de los pequeños comercios. “Solo piensan en las grandes superficies y no en el pequeño comerciante”, indica.
Múñoz explica que en la provincia de Soria hay todavía muchas personas que pagan una renta antigua, a pesar de que otros tantos tienen locales en propiedad que acogen distintos negocios. “Van a pasar de pagar entre 800 y 1.200 euros al doble y esto supondrá una desaparición de muchos de ellos”, remarca para asegurar después que casi todos los propietarios de locales “ya han actualizado las rentas”.
Igualmente, el presidente de la Agrupación Vallisoletana de Comercio (Avadeco), Alejandro García Pellitero, dice que la supresión de la renta antigua preocupa tanto al comercio como a la hostelería. “Hay que ponerse del lado del inquilino y el arrendador, ya que hay propietarios de locales que llevan esperando este momento muchos años desde que se produjo una moratoria”, sostiene. Al entender que está situación iba a llegar, indicó que lo mejor pars por haber ido renegociando rentas y contratos. Al respecto, concreta que el centro de la ciudad -sin ir a los barrios- se contabilizan en torno a unos 150 establecimientos afectados y la cifra alcanza a un 15 por ciento de los radicados en el conjunto de la ciudad. “A veces ha existido dejadez para poder mejorar las condiciones de alquiler y adaptarlas entre las partes y no es bueno esperar al último momento”, señala.
Pedir una prórroga
El presidente indicó que Avadeco tiene la función de asesorar a las comerciantes y se les indica que traten de acercar las rentas a los precios de mercado. No obstante sostuvo que hay que tener en cuenta que “en algunas zonas los alquileres han bajado bastante, salvo en la denominada ‘milla de oro’ del casco histórico”. Finalmente, recordó que el PSOE ha presentado una iniciativa parlamentaria para que el Congreso apruebe de nuevo una prórroga de otros cinco años. “Se está empezando a salir de la crisis y hay negocios, sobre todo del sector hostelero en Valladolid, que están pendientes de un hilo. De momento no sabemos lo que opina el PP al respecto”, arguye.
En otro punto, el presidente de la Asociación Salmantina de Empresarios del Comercio (Aesco), Benjamín Crespo, opina que la desaparición de los alquileres de renta antigua supone para un sector ya de por sí castigado, “una vuelta de tuerca” más y algunos de ellos se verán obligados a cerrar sus puertas definitivamente.
Aunque confiesa que hasta el momento no han llegado muchas consultas al respecto, augura que tendrá un impacto “negativo” en el conjunto de los comerciantes. “Debido a la situación actual de crisis, el consumo ha estado cayendo en los últimos años y tienen las cuentas con los márgenes tan justos, que cualquier tipo de incremento en un gasto fijo puede suponerles la puntilla”, explica. Además, las ventas, añadió, no terminan de repuntar y de este modo, resulta difícil mantener los negocios. Por todo esto, recordó que desde la asociación salmantina tienen abiertas sus puertas a todos los comerciantes que tengan dudas sobre esta y otras cuestiones, para que las resuelvan a través de la secretaría o del propio gabinete jurídico.
A su vez, el empresario Raúl Martínez Peña, presidente de la Asociación de Comerciantes Centro Histórico Burgos, afirma que en la asociación no se han analizado “con detenimiento” las consecuencias de la medida planteada desde el Gobierno. “No sabemos a cuántos comercios de la zona centro puede afectar el cambio normativo, pero tampoco son tantos”, confirmó.
En relación a la medida, considera que “encarecer el precio de los alquileres no beneficia al comerciante”, aunque es consciente de que es “lógico” la preocupación de algunos de los propietarios y sus reclamaciones. Asimismo, asegura que desde la asociación se asesorará a los comerciantes que lo demanden, aunque entiende que “serán los menos” porque en los últimos años “se han hecho muchas reformas en los comercios más antiguos”.
Confianza en acuerdos
El presidente de CEOE-Cepyme de Zamora, José María Esbec, se muestra convencido de que propietarios y empresarios alcanzarán un acuerdo antes de que se precipiten los acontecimientos. “Hay una gran oferta de locales vacíos que van a estar disponibles y con precios razonables porque no hay que olvidar que ya no se pueden pagar las rentas que se pagaban antes”, señala. “Deben tener un equilibrio, entre otras razones, porque sobran muchos locales. Hay oportunidades de locales en alquiler por todas partes y basta ver que el que no se alquila, se vende. El propietario debe ser muy sensible y valorar a quien lo tiene en alquiler y desarrolla una actividad comercial que es buena para todos”, añade.
Por otra parte, Esbec asegura que el mayor o menor precio de un alquiler “no es el principal problema” al que se enfrenta un pequeño comerciante o industrial. “Los alquileres deben actualizarse en una justa medida. Eso lo entiende cualquiera, sea o no propietario. Lo que hay que corregir de verdad son los seguros sociales, que han subido y dificultan al empresario la creación de puestos de trabajo”, concluye.
Finalmente, el presidente de la Asociación de Comerciantes Segovianos (ACS) y la Confederación de Comercio de Castilla y León (Conferco), Juan Manuel Muñoz Macías, teme “un problemón” si el Gobierno no idea una solución intermedia que palie de algún modo las consecuencias del fin de la moratoria. Aunque apunta que el relevo generacional y los traspasos han reducido el porcentaje de establecimientos con renta antigua, en Segovia todavía quedan incluso en la zona más cotizada, en pleno centro histórico.
Macías ve “razonables” las posturas de arrendador y arrendatario, a quienes pide “cordura” para tratar de llegar a acuerdos “sin llegar a los extremos”; y a la Administración, “un poco de sensibilidad” ante el perjuicio que se avecina para “quien está pagando 100 o 150 euros y de repente puede pasar a 900 o 1.000 por un local de 40 metros cuadrados”. Por ello, “igual que se hace algún tipo de ley o ayuda para que ciertos comercios sigan adelante, seguramente ahora habría que mirar la fórmula para que estos también puedan subsistir porque, según están las cosas, no se les puede meter ahora ese tipo de gastos”, plantea.
