El movimiento 15M difundió a través de la red más de 500 correos electrónicos oficiales de diputados y senadores con el objetivo de insistirles en la aprobación de la Proposición de Ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social. A través de la red, el movimiento propone saturar sus cuentas de correo para “hacer de mosca cojonera” adjuntando un texto alusivo a la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
“Señor Diputado me dirijo a usted con el fin de solicitarle su apoyo a la Proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social”, comienza el texto en el que solicitan a los políticos que escuchen la voz de “los que en su día les votaron” y apoyen la iniciativa. Recordando que los datos de ejecuciones hipotecarias del año 2010 cuadriplican a los de 2007, la plataforma apuntó que desde el comienzo de la crisis el número de ejecuciones se situó en más de 271.000.
En el cuerpo del mensaje la organización criticó la concesión “abusiva” por parte de las entidades bancarias años atrás de créditos hipotecarios “estimuladas por la ausencia de controles públicos” y advierten que, derivada de la crisis económica por la que atraviesa el país, la proporción entre renta y endeudamiento creció desde el 45 por ciento en el año 1995 o del 76,7 por ciento en 2001, hasta sobrepasar el 140 por ciento en el año 2008. “Este endeudamiento de las familias respecto a las rentas disponibles ocupa los primeros puestos del ranking internacional”, aseveraron.
Además también subrayaron las altas tasas de desempleo a la que está sometida la población española quienes por falta de ingresos se ven incapacitados en muchas ocasiones a hacer frente a sus hipotecas. “Cuando esto ocurre el ordenamiento español prevé un procedimiento de ejecución hipotecaria que comporta no sólo la pérdida de la vivienda habitual, sino también la posibilidad de que se embarguen los salarios y otros bienes presentes y futuros”, lamentaron.
Para finalizar emplazan al Gobierno a tomar parte en la lucha de este problema señalando que “no debería dudar en colocar el derecho de la vivienda a las personas susceptibles de ser desalojadas por encima de los beneficios de la banca”.