Alegaciones a dos proyectos fotovoltaicos en la provincia

Ecologistas en Acción de Segovia alegará contra dos proyectos fotovoltaicos que se desarrollarían en las cercanías de la capital segoviana. A la primera fase del conjunto de cinco instalaciones que conforman el ‘Nudo Segovia’, entre Valverde del Majano y Abades, con una potencia de casi 500 MW, y el llamado proyecto ‘Otero’ de Iberdrola, entre Marazuela y Marazoleja, de 500 MW de potencia, informa Ical.

Para Ecologistas, Segovia es un ejemplo “expresivo” de los impactos sobre el paisaje, la biodiversidad y las poblaciones rurales que traerá la transición “con la mayor celeridad posible” hacia un sistema energético descarbonizado. “Mientras que la extensión del área urbanizada del municipio de Segovia es de 1.959 hectáreas (SIOSE 2005), los 500 MW del proyecto segoviano de Iberdrola supondrían la ocupación de 1.200 hectáreas de terreno”, explicaron en una nota de prensa.

Desde Ecologistas en Acción de Segovia destacaron que “toda esta transformación no tendrá sentido” si no se produce en el marco de una reducción del consumo total de energía y de un cambio hacia un modelo de producción-consumo energético lo más democratizado y distribuido posible.

En su opinión, los criterios generales que deben orientar el proceso de transición energética de la próxima década son, por un lado, ahorro y eficiencia como motor de la transición, a través de medidas de contención del consumo material, economías más locales, desarrollos urbanísticos limitados y rehabilitación energética.

Por otro lado, la generación renovable distribuida y con participación ciudadana. Las instituciones deben promover la producción distribuida y cercana a los puntos de consumo, mediante el impulso a un desarrollo masivo del autoconsumo doméstico, agrícola o industrial y de las comunidades energéticas, un modelo con menor impacto sobre el territorio y más democrático que el modelo centralizado, basado en grandes instalaciones, que refuerza el oligopolio energético.

Esta promoción implica una acción de información, asesoría y acompañamiento por parte de las administraciones más próximas, ayuntamientos y diputaciones, que permita superar las barreras informativas y burocráticas existentes, como ha hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia, con su Oficina de la Energía.

Desde Ecologistas en Acción argumentaron que la planificación y control cuidadosos del despliegue industrial renovable, para minimizar el impacto sobre el territorio al que puede dar lugar una avalancha desorganizada de proyectos de instalaciones fotovoltaicas y eólicas mediante, deben de haber orientaciones claras sobre su distribución territorial que permitan un reparto equitativo tanto de sus impactos negativos como de sus posibles beneficios; una adecuada planificación de las redes de evacuación y de los puntos de distribución; la priorización de ubicación para estas instalaciones en zonas de transición justa, que precisen de reactivación económica.

Así como, la determinación de zonas de exclusión con valor ecológico, paisajístico, cultural y patrimonial. Aunque el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha presentado una primera Zonificación ambiental para energías renovables 3 es necesario un ejercicio complementario, más detallado, por parte de las administraciones autonómicas.

“Un buen ejemplo de la necesidad de planificación que integre criterios de diferente naturaleza se plantea en el entorno de la ciudad de Segovia”, resumieron, porque, en un corredor de poco más de 20 kilómetros de longitud hacia el noroeste de la capital se han planteado proyectos de desarrollos fotovoltaicos que suman cerca de 1 GW de potencia instalada, con una treintava parte de la potencia prevista para todo el país en la próxima década.

Sus alegaciones se basan en que es imprescindible analizar globalmente los efectos conjuntos o sinérgicos de todos los proyectos dada la proximidad de las diversas instalaciones previstas; planteamos, en cualquier caso, la reducción drástica de la dimensión planteada en la planta “Otero”, de 500 MW, al menos a la mitad; medidas agroambientales compensatorias en terrenos adyacentes, así como otro tipo de medidas de protección y mejora de la biodiversidad, así como, el establecimiento de una fianza, como garantía de que realmente se abordará la restitución del suelo y la retirada de todas las instalaciones una vez cumplido el plazo de funcionamiento de la planta fotovoltaica.