Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estimaron hoy en unos 42,2 millones de euros la recaudación que obtendrá Castilla y León en caso de aplicar sin bonificaciones el Impuesto de Patrimonio anunciado por el Gobierno para las fortunas superiores a los 700.000 euros. El colectivo hizo un llamamiento a la comunidad para que no renuncie a este tributo «justo y equitativo» gracias al cual se podrán gravar las rentas más altas, “que en muchos casos escapan al control del Fisco de forma fraudulenta o mediante distintos subterfugios legales”, señala en un comunicado.
A su juicio, la aplicación de bonificaciones “no sólo supondría renunciar a unos ingresos vitales para reducir el elevado déficit autonómico, sino que también estarían disminuyendo el reparto solidario de las cargas fiscales entre contribuyentes”.
De los más de 8.300 castellanos y leoneses que, según los cálculos de Gestha deberán declarar este Impuesto de Patrimonio, cerca de 3.400 poseen un patrimonio de entre 700.000 y un millón de euros, mientras que otros 3.800 disponen de entre uno y 2,5 millones de euros; cerca de 715 cuentan con entre 2,5 y cinco millones de euros; unos 206 tienen entre cinco y diez millones de euros; y 84 poseen un patrimonio superior a los diez millones de euros.
Según las estimaciones realizadas por Gestha a partir de los datos del ejercicio 2007 -último en que estuvo vigente el Impuesto de Patrimonio-, cerca de una tercera parte de los 1.080 millones de euros que el Ejecutivo espera recaudar con esta medida corresponderían a la Comunidad de Madrid (323 millones), cuya bonificación del 100 por 100 fue aprobada al comienzo de la legislatura.
También Cataluña, con 271 millones de aportación estimada, mostró en un principio ciertas reticencias a la aplicación de esta medida, postura que todavía mantienen la Comunidad Valenciana (109 millones) y varias otras comunidades sobre las que recae gran parte de la recaudación de este impuesto.
Gestha alerta de que si no se aplica un criterio uniforme en el ámbito nacional, podría producirse una deslocalización de patrimonios, a través de la cual “muchos poseedores de grandes fortunas podrían modificar su domicilio fiscal hacia las comunidades autónomas que eximan de su pago”.
