El delegado sindical de Csif en el Ayuntamiento de Segovia, Ángel González, denunció que diez días después del traslado del informe de la Junta para hacer test a los trabajadores que desempeñan funciones de carácter esencial, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, “ningún policía ni bombero del Ayuntamiento de Segovia” ha sido citado para la realización de la prueba de detección del coronavirus, y por supuesto, ningún otro trabajador del consistorio de la capital.
Desde Csif consideraron que los trabajadores que realizaron y siguen realizando funciones esenciales, no solo policías locales y bomberos, también servicios de atención al público como los servicios sociales o ayuda a domicilio, se les debe dar la posibilidad de someterse a las pruebas que mejor procedan, a fin de evitar contagios.
Además, el delegado sindical de Csif recordó que un empleado público, en el ejercicio de sus funciones, es contagiado, es un riesgo inherente al cargo de servidor público, pero si es al contrario, el ciudadano tiene “todo el derecho a reclamar daños y perjuicios, del cual sería responsable subsidiaria la Administración correspondiente, ya que el trabajador desconoce si lo padece o no”.
En opinión de este sindicato, durante este tiempo, se podía haber convocado, al menos de forma telemática, al Comité de Salud Laboraldel consistorio, para analizar estas y otras propuestas presentadas por otras formaciones sindicales, haciendo partícipes a los representantes de los trabajadores en la toma de decisiones y aportaciones en la elaboración de los Planes de Prevención.
Está convocada una reunión para mañana, un mes después de la última reunión, argumentó, ahora que afortunadamente el número de contagiados es menor, cuando se debería haber convocado mucho antes, en los momentos que el número de contagiados era superior. “Desde Csif no entendemos que no se responda a los escritos presentados, y menos aún la demora en la realización de las pruebas de detección de Coronavirus, y por ello exigimos, que de forma inmediata, realice las citadas pruebas”, subrayó.
Gónzalez dejó claro que hay que exigir a la Administración competente en Salud Pública, no solo para vigilar la salud de sus empleados sino para evitar contagios entre los trabajadores y a los ciudadanos a los que sirven, reclamando al Ayuntamiento que realice las mismas pruebas al resto de trabajadores que pasen a prestar servicio de atención directa al público.
El delegado de Csif en el Ayuntamiento de Segovia recordó que la primera alerta sobre el riesgo que asumían los policias locales frente al coronavirus se presentó el 3 de febrero y hasta el 6 de marzo no se reunió el Comité de Salud Laboral, después de decirles que “se actuara como si de una gripe se tratara, y se aumentara la limpieza de manos con agua y jabón”. Ángel González relató que no fue hasta el 12 de marzo cuando, de forma extraordinaria, se abordó en este comité las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Segovia frente al coronavirus.
Contagios mínimos
“La reivindicación sindical, hizo posible que, cuando el Gobierno Central decretó el estado de alarma”, expuso González García, “policías Locales y bomberos tuvieran unas medidas básicas de protección, mascarillas, guantes, geles hidroalcohólico, a la vez que, en Policía Local, se adquirió una máquina de ozono para desinfección de dependencias y vehículos”.
Desde Csif consideraron que los EPIs y medias preventivas aportadas por el consistorio surtieron los efectos deseados, consiguiendo que sea “mínimo” el número de contagiados en policías y bombero pero, en su opinión, se tenía que ir más allá y presentado sendos escritos el 14 y 28 de abril para solicitar la reposición de EPIS y una prueba PCR, para los trabajadores, a fin de determinar si eran o no portadores del Covid-19 y poder así proteger su propia salud, la de compañeros y la de los ciudadanos.
Sin darles una respuesta directa a su sindicado, el 30 de abril, se ofrece a los agentes de la Policía Local y del Servicio de Bomberos, la posibilidad de someterse a las mentadas pruebas, y por parte de los servicios se remite el listado elaborado al efecto a la Junta de Castilla y León, como Administración competente en Salud Pública, y por ser trabajadores con funciones esenciales.
Cuatro días después, les llegó un informe de la directora general de Salud Pública de la Junta de Castilla y León, recomendando que no se hagan test de detección del coronavirus a trabajadores asintomáticos que no han tenido exposición al riesgo, y que se limiten a aquellos trabajadores que hayan desempeñado funciones de carácter esencial, como por ejemplo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Diez después, no se ha realizado prueba alguna a las plantillas de Bomberos y Policía Local.
