Por primera vez en la historia de nuestra democracia, el Gobierno ha decretado el estado de alarma con el objetivo de restaurar la situación del tráfico aéreo, que desde ayer ha sido colapsado por las protestas y huelga encubierta de los controladores aéreos de todo el país. El vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, asegura que este grupo de trabajadores se vale de su «posición preminente y su posición particular». «El Gobierno no va a aceptar ni sus privilegios ni el chantaje al que nos han sometido», ha explicado para argumentar que los controladores estarían incurriendo en un delito de desobediencia tipicado en el código penal militar.
«Nuestros aeropuetos siguen paralizados», ha explicado tras asegurar que será necesario bastante tiempo hasta conseguir la normalización de los vuelos.