La deuda viva de Castilla y León se situó en los 12.932 millones de euros a 31 de diciembre de 2020, lo que supone un 3,67 por ciento más que un año antes, por lo que aumentó en 459 millones el pasado ejercicio. No obstante, se redujo en relación al tercer trimestre un 5,51 por ciento, lo que se traduce en 723 millones menos, según los datos publicados hoy por el Banco de España, informa Ical.
Asimismo, la deuda de la Comunidad equivale al 24 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), por lo que es la octava autonomía en endeudamiento, por detrás de Canarias, País Vasco, Madrid, Navarra, Galicia, La Rioja y Asturias. Esta ratio es inferior en 3,1 puntos a la media autonómica, que se situó en el 27,1 por ciento del PIB, y mejora este diferencial con respecto a 2019, cuando fue de 2,8 puntos. Además, la aportación de Castilla y León al endeudamiento global fue del 4,2 por ciento del total, ya que ascendió a 303.622 millones.
La Junta explicó que en este importe el supervisor bancario incorpora los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 259,2 millones; el llamado ‘factoring’ sin recurso –o lo que es lo mismo, los créditos comerciales con la Administración cedidos a entidades financieras–, que añade 5,7 millones, y el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada y otra deuda imputada, por 273,1 millones.
El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas) atendiendo a quiénes son los prestamistas indica que, al acabar el cuarto trimestre de 2020, el mayor importe corresponde al Fondo de Facilidad Financiera se eleva a 3.725,3 millones de euros, –en concreto, el 28,8 por ciento– al que se adhirió el Gobierno autonómico para satisfacer las necesidades previstas en 2015, las del segundo semestre de 2017 y para cubrir la deuda de 2018 y 2020. En segundo lugar se encuentran las emisiones de deuda pública que representan el 26,8 por ciento, con 3.460,4 millones de euros.
Como tercer prestamista figuran las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.158,8 millones de euros, un nueve por ciento aproximadamente de la deuda de la Comunidad.
Por otro lado y de forma similar a años anteriores, el 96,3 por ciento del endeudamiento castellano y leonés correspondía a la Administración General, frente al 3,7 por ciento de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.
Respecto a los plazos de vencimiento, el 99 por ciento de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo, frente al uno por ciento, firmada a corto. El 81,7 por ciento está concertado a tipo de interés fijo y el 18,3 por ciento a variable, un reparto que permite para la Junta “mitigar” el efecto de posibles subidas futuras del Euríbor.
Finalmente, el Banco de España contabiliza en 3.178 millones de euros la deuda de otras empresas públicas que pertenecen a las autonomías, que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que Castilla y León tenga asignada ninguna cuantía adicional. De este modo, teniendo en cuenta los datos del endeudamiento de todo el sector público autonómico la ratio media con respecto a PIB se elevaría al 27,4 por ciento, frente al 24 por ciento de Castilla y León.
