Las comunidades autónomas gobernadas por el PP introdujeron en el documento de conclusiones que aprobaron tras reunirse con la dirección nacional del partido y con el resto de barones populares una propuesta del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, de reducir el número de parlamentarios autonómicos y los gastos de las cámaras; en el caso de Galicia, será del 20 por ciento y del diez por ciento, respectivamente.
Así lo anunció el propio Núñez Feijoo a la salida de la reunión, que se celebró en la sede del PP en la calle Génova. El encuentro se prolongó desde las 13 hasta las 18 horas, pero el presidente de la Xunta tardó todavía 90 minutos más en salir, más que el propio presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy.
Núñez Feijoo agradeció el apoyo obtenido por su propuesta entre los barones populares, que en Galicia se implementará “de forma inmediata” mediante reforma de la ley electoral y dejará el número de parlamentarios en 61. Además, aseguró que “la inmensa mayoría” de sus compañeros se mostraron decididos a introducir esta reducción en sus respectivas comunidades, previa propuesta a los grupos de la oposición, aunque aún no está decidido si será en la misma proporción que en Galicia.
El presidente de la Xunta dijo que en su caso la reducción entra dentro de la banda contemplada por el Estatuto, pero que otros presidentes se mostraron incluso dispuestos a una reforma de los suyos para darla curso legal. “Esto es una cosa seria”, subrayó. En todo caso, su puesta en práctica tendría que esperar a las próximas elecciones autonómicas.
A la salida de la reunión hablaron también los presidentes de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra; y las Islas Baleares, José Ramón Bauzá; además de los presidentes del PP en Cataluña y el País Vasco, Alicia Sánchez Camacho y Alberto Basagoiti, respectivamente.
Todos coincidieron en defender las medidas de austeridad del Gobierno central como único remedio a la crisis de la deuda y para ganar credibilidad ante la UE y los mercados internacionales, y aseguraron que no hubo ninguna voz discrepante al respecto, sino compromiso total con ellas. Además, defendieron el fondo habilitado por el Gobierno para las comunidades con problemas de deuda.
Núñez Feijoo lo describió como un instrumento que “nada tiene que ver con el rescate ni la intervención de comunidades autónomas” y que está en la línea del fondo el ICO y del plan de pago a proveedores.
Fabra, cuya comunidad ya ha anunciado que se acogerá al mismo, auguró que más autonomías harán lo propio, aunque no especificó cuáles. Bauzá aseguró que Baleares, por el contrario, no necesitará hacer uso de una parte de los 18.000 millones dispuestos por el Gobierno central.
Aguirre no contestó expresamente a si Madrid requerirá acogerse al fondo, y se limitó a vaticinar que todas las comunidades han de emprender «reformas legislativas» para afrontar “la cantidad de servicios” que han de prestar y el “gasto tan impresionante que eso supone”.
Ante sus compañeros, insistió en su convicción de que es necesario “revisar el Estado autonómico”, algo que “no podemos posponer”, pero según algunos de los asistentes no recabó ningún apoyo expreso a esta iniciativa.
Sánchez Camacho apuntó además que el PP nacional respeta la autonomía del PP catalán por lo que respecta a su apoyo tácito al Gobierno de CiU, y que serán los populares catalanes quienes decidan hasta cuándo lo mantienen.
