Los servicios sociales de Castilla y León se sitúan en cabeza del conjunto autonómico con una nota de 8,9 puntos, muy por encima de la media nacional que se queda en cuatro puntos, según el XXI Dictamen del Observatorio de la Dependencia elaborado por la Asociación Nacional de Directores y Gerentes publicado hoy, en el que también se destaca que frente a la lista de espera de más de 232.000 personas dependientes reconocidas y esperando atenciones a 31 de diciembre de 2020 en el conjunto de España, en la Comunidad se alcanza la plena atención, informa Ical.
En este informe se constatan las enormes diferencias entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Solo ocho comunidades aprueban la escala este año, y la mediana estatal baja del cinco al cuatro, lo que confirma un retroceso del sistema. Además sólo siete comunidades aumentan su puntuación con respecto al año anterior. Castilla y León (8,9), Andalucía (7,1) y Castilla La Mancha (7,1).
En el extremo opuesto se sitúan Ceuta y Melilla (2,6), Canarias (2,1), junto con Cataluña (1,4), que retrocede hasta la última posición. Además, hay nueve comunidades que ni siquiera mantuvieron la tasa de reposición de beneficiarios en el último año, Cataluña (-4,2 por ciento), Aragón (-4,3 por ciento), Madrid (-7,1 por ciento) y La Rioja (-7,8 por ciento).
El informe también denuncia el fracaso de la Administración Central en asegurar el equilibrio interterritorial. A nivel nacional la cobertura de personas potencialmente dependiente es del 17,96 por ciento, pero la variación por autonomías es muy elevada, oscilando desde el 11,64 por ciento de Canarias hasta el 25,02 por ciento de Castilla y León. Además, la desatención a las 232.243 personas con dependencia reconocidas a 31 de diciembre de diciembre supone una media estatal del 17,1 por ciento, que en el caso de Cataluña alcanza el 31,9 por ciento, frente a la plena atención en Castilla y León y Navarra, con listas del espera del 0,1 por ciento y del 5,5 por ciento respectivamente.
En cuanto a la tramitación de expedientes de dependencia desde la solicitud hasta la resolución de prestación, Castilla y León, con 187 días, ocupa la tercera posición en el conjunto de España, sólo superada por Ceuta (76) y País Vasco (138). La media nacional se sitúa en los 430 días. Los peores baremos los presenta Canarias (927 días), Andalucía (694), Extremadura (691) y Asturias (577).
Con respecto al gasto público medio anual por dependiente, en España en 2020 se situó en 1.158 euros al año. Sin embargo, las diferencias entre comunidades es grande. Castilla y León ocupó la tercera posición con 1.471 euros, sólo por detrás de País Vasco (1.677 euros) y Cantabria (1.545 euros). En la cola se sitúan Canarias (784 euros), Asturias (765 euros) y Ceuta y Melilla (698 euros).
Empleo
En el informe también se hace referencia a los modelos de gestión y al empleo que cada uno genera. En este apartado Castilla y León se sitúa en cabeza con 53 empleos por cada millón de euros invertido, mientras que la media nacional es de 35,3. Cantabria (22,5 empleos), Murcia (20,3 empleos) y Baleares (19,4) ocupan las últimas posiciones.