El endeudamiento de Castilla y León en relación a la deuda global de las autonomías españolas es limitado, de acuerdo con los datos facilitados esta mañana por el organismo regulador. En concreto, al término del segundo trimestre de este año se cifraba en el 4,26 por ciento del total de las comunidades, que asciende a 312.030 millones de euros.
A esa misma fecha y en términos absolutos Castilla y León sumaba 13.290 millones de euros de pasivo, con una variación durante este año similar a la que ha registrado la deuda del conjunto de comunidades. Esta cantidad representa el 23,8 por ciento del Producto Interior Bruto Regional, manteniéndose en la lista de territorios menos endeudados de España.
En este importe el supervisor bancario incorpora los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 247,4 millones de euros; el llamado ‘factoring’ sin recurso –o lo que es lo mismo, los créditos comerciales con la Administración cedidos a entidades financieras–, que añade 71,2 millones de euros, y el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada y otra deuda imputada, por 273,1 millones de euros.
El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas) atendiendo a quiénes son los prestamistas revela que, al acabar el primer semestre de 2021, el mayor importe corresponde a emisiones de deuda pública, con 3.692,4 millones de euros, en concreto el 27,8 por ciento. En segundo lugar, se encuentran los préstamos del Fondo de Facilidad Financiera al que se adhirió el Gobierno autonómico para satisfacer las necesidades previstas en 2015, las del segundo semestre de 2017 y para cubrir la deuda de 2018 y 2020, cifrados en 3.534 millones de euros, aglutinando un 26,6 por ciento del total.
Como tercer prestamista figuran las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con un total de 1.112,7 millones de euros, un 8,4 por ciento de la deuda de la Comunidad.
Por otro lado, y de forma similar a trimestres anteriores, el 96,1 por ciento del endeudamiento castellano y leonés correspondía a la Administración General, frente al 3,9 por ciento de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.
Respecto a los plazos de vencimiento, el 99 por ciento de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo, frente al uno por ciento firmada a corto. El 83,3 por ciento está concertado a tipo de interés fijo y el 16,7 por ciento a variable, un reparto que permite mitigar el efecto de posibles subidas futuras del Euribor.
Sin deuda
Finalmente, cabe señalar que el Banco de España además, contabiliza en 3.108 millones de euros la deuda de otras empresas públicas que pertenecen a las CCAA que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que Castilla y León tenga asignada ninguna cuantía por este concepto. De este modo, teniendo en cuenta los datos del endeudamiento de todo el sector público autonómico, la ratio media con respecto a PIB se elevaría al 27,2 por ciento, frente al 23,8 por ciento de Castilla y León.
