La Dirección Provincial de Educación ha mantenido hoy una reunión presidida por el delegado territorial, José Mazarías, con objeto de analizar los protocolos establecidos por la Consejería de Educación para la realización de pruebas de detección PCR y seguimiento de posibles casos de COVID-19 en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos.
A la reunión ha asistido el director provincial de Educación, Diego del Pozo; el jefe se Servicio de Sanidad, César Montarelo y representantes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria, encabezados por su gerente Jorge Elízaga. También ha estado presente Aránzazu García, del Grupo Quirónsalud, contratado por la Consejería de Educación para prestación del servicio de prevención de riesgos vinculados al coronavirus.
Los asistentes han analizado el protocolo, documentado como instrucciones de la Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa, en el que se establecen las actuaciones que competen a cada departamento ante la posibilidad de que surjan casos en los centros educativos. Esto se hará diferenciando el tratamiento de los escolares que padezcan síntomas de aquellos otros que pudieran no padecerlos o tratarse de contactos estrechos de los primeros.
Se diferencian las actuaciones que asumirá el Grupo Quirónsalud de aquellas otras que competan al Sacyl como sistema público de asistencia sanitaria, en función del momento en que aparezcan los síntomas, ya sea durante la jornada escolar o fuera de ella.
Igualmente, se establecen los conductos de comunicación con los equipos covid de cada centro educativo y de éstos con el equipo covid creado en la Dirección Provincial, que estará en permanente contacto con la Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad.
El delegado territorial ha convocado una nueva reunión de estos servicios para el jueves 17 de septiembre, a fin de que, iniciado el curso también en Educación Secundaria y Bachillerato, se pueda evaluar el funcionamiento del protocolo ante los casos que hubieran podido surgir. El propósito de la Junta de Castilla y León es realizar un seguimiento minucioso y proactivo de esta problemática durante los próximos meses con el fin de detectar posibles disfunciones y mejorar los procesos que aseguren la salud de la población escolar y de sus familias.
