El decreto, publicado en el BOCyL de hoy, tiene por objeto aprobar el Mapa de ordenación de transporte, dando cumplimiento al mandato establecido en la Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de Transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León y se estructura en cinco artículos, dos disposiciones finales y tres anexos.
El nuevo Mapa de Transporte público se configurará como un sistema genuino, autóctono y moderno, que se adapta a las necesidades de movilidad de Castilla y León y refuerza el transporte a la demanda y el transporte regular con reserva de plaza para escolares, medidas ya aplicadas que han convertido a la Comunidad en un referente, especialmente en materia de transporte rural.
El decreto incorpora un Documento de diagnóstico que tiene por objeto establecer un análisis previo de la situación actual tanto del marco territorial y demográfico de Castilla y León, como de los diferentes polos de movilidad y del sistema de transporte e infraestructuras vigente que sirve de base a la elaboración y formulación de las determinaciones de planificación, ordenación y coordinación contenidas en el decreto.
Ejes estratégicos y objetivos del Mapa de ordenación de Transportes
El Mapa de Ordenación de Transporte distingue tres ejes estratégicos que constituyen los grandes conceptos que centran el modelo de movilidad de Castilla y León y guían todas las acciones a realizar en aras de su consecución:
Primer Eje Estratégico: Transporte comprometido con la ciudadanía.
Segundo Eje Estratégico: Transporte comprometido con la sostenibilidad
Tercer Eje Estratégico: Transporte comprometido con la modernización tecnológica
Sobre la base de estos Ejes Estratégicos se agrupan o combinan los Objetivos genéricos del Mapa:
- Garantizar la accesibilidad territorial y las necesidades del mundo rural configurando un transporte de proximidad en el ámbito rural que facilite la movilidad de sus habitantes a los servicios básicos (sanitarios, educativos, laborales…). Se reconoce la ruralidad del territorio como una singularidad de movilidad propia de Castilla y León, todo ello con el fin último de lograr la cobertura total de la población y que todos los núcleos de población tengan transporte público.
- Reconocimiento de la movilidad en las grandes áreas urbanas como una necesidad básica en la sociedad actual; estableciendo un nuevo modelo de Gobernanza del Transporte público que permita la coordinación entre Administraciones y entre modos de transporte y la gestión conjunta de la de las competencias en materia de transporte entre Administraciones (Consorcios o Mancomunidades de Interés General). Así mismo, se configuran los Planes de movilidad sostenible de ámbito metropolitano: como instrumento esencial para para la planificación, ordenación y coordinación del transporte en las Áreas Funcionales.
- Garantizar la sostenibilidad social del sistema de transportes a través del mantenimiento del tejido empresarial y nivel de empleo. El Diálogo Social se convierte en el marco para abordar la subrogación laboral de los actuales trabajadores y se incorporan cláusulas de protección social vinculadas a la adjudicación y ejecución de los futuros contratos.
- Apuesta por la sostenibilidad ambiental mediante la exigencia de una flota de vehículos eficientes energéticamente que incorporen tecnologías sostenibles y la generalización del transporte a la demanda como ‘transporte verde’ al permitir que los autocares recorran menos kilómetros, alcanzando ahorros considerables en emisiones de CO2 a la atmósfera. Se introducen criterios medioambientales en la adjudicación y ejecución de los nuevos contratos.
- Garantizar la sostenibilidad económica del sistema con el desarrollo de un nuevo modelo de financiación de los servicios en el que la Administración es la responsable económica de garantizar su prestación mediante la declaración de Obligaciones de Servicio Público (OSP) de los nuevos contratos concesionales. Junto a ello se implanta un nuevo sistema tarifario vinculado a nuevas modalidades de abonos transporte (Bono rural y Bono único interoperable) y la consolidan de los actualmente ya existentes, (Bono metropolitano).
- Creación de una red de transporte público basada en la digitalización y en la aplicación de sistemas inteligentes de transporte que incorporen medios electrónicos de pago que permita operar con una única tarjeta de transporte en toda la comunidad de Castilla y León (MOVICY) y la utilización de tecnologías de pago (Código QR, NFC o EMV) que faciliten el uso del transporte público a las personas usuarias. Así mismo, se crea una página web y APP con información relativa a: horarios, paradas, itinerarios, tarifas, compra o reserva de billetes y horario de paso en tiempo real. Esta página web se convierte en el Punto de Acceso Autonómico de información sobre los servicios de transporte de Castilla y León que se integrará en el Punto de Acceso Nacional, creando así un sistema de movilidad configurada como un servicio a la ciudadanía (MaS).
- Flota de vehículos: moderna, eficiente, adaptada, y accesible a la que se incorporan los principales avances en sistemas seguridad y la adecuación de los vehículos a las características socio-territoriales, diferenciando el tipo de vehículos según el lugar de prestación de los servicios (autobuses, microbuses, taxis. etc).
Próximos pasos
El objetivo final de todo el proceso iniciado con la aprobación de la Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de Transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León es implantar un nuevo modelo de movilidad que se ha de instaurar sobre la base de las nuevas licitaciones de los contratos concesionales.
Por ello, una vez aprobado – en el segundo trimestre del presente año – el Mapa de ordenación del transporte, se tramitarán los proyectos de explotación que serán sometidos también a la máxima participación social e información pública.
En este sentido, las determinaciones contenidas en el Mapa de Ordenación del Transporte tienen como finalidad prefijar los ejes estratégicos y los objetivos esenciales que han de regir las futuras licitaciones y, por ende, configurar el contenido de los proyectos de explotación.
De esta forma, los proyectos de explotación de los nuevos contratos deberán tener en cuenta los criterios que el Mapa de ordenación de transportes determine con el fin último de alcanzar un modelo de transporte público por carretera universal, sostenible, eficiente, digitalizado, moderno, y accesible a las personas, que se adapte de manera más adecuada a las necesidades de la ciudadanía de Castilla y León.
Los proyectos de explotación detallarán los elementos esenciales del nuevo modelo concesional y en él se recogerán aspectos como los itinerarios y tráficos a realizar, planos de itinerarios y puntos de paradas, número de expediciones y calendario de las mismas, vehículos adscritos al servicio, sus características y elementos de accesibilidad, criterios de calidad del servicio, medios técnicos y humanos, instalaciones fijas precisas, sistemas ,tecnológicos, plazo previsto de duración del contrato, viabilidad económico-financiera, tarifa base e ingresos y compensación económica de equilibrio, si procede..
Estos proyectos de explotación deberán estar aprobados en el primer trimestre del año 2022, y, sobre la base de los mismos, se procederá de manera inmediata a la licitación de los futuros contratos de concesión de servicio público, con el objeto de tenerlos adjudicados en el primer trimestre de 2023, procediese a la puesta en marcha de un nuevo modelo de movilidad en Castilla y León, que incorpore los objetivos contenidos en el Mapa de ordenación del transporte que hoy se somete a información pública.
La oportunidad de esta norma es patente ante el vencimiento de los actuales contratos de transporte público de viajeros por carretera titularidad de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, por imperativo del Reglamento (CE) 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007, sobre servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, de aplicación directa a los Estados miembros.
Así, la reestructuración de las concesiones representa la oportunidad de planificar y rediseñar la red pública de transporte de nuestra Comunidad para hacerla más eficiente y coordinarla con políticas transversales tales como la ordenación territorial, la lucha contra el cambio climático, la despoblación del mundo rural, la digitalización y la implantación de las nuevas tecnologías.
El sector del transporte público de viajeros en autobús en Castilla y León cuenta con 206 empresas, mueve más de 3.000 vehículos y da empleo a cerca de 9.000 personas de forma directa y otras 3.000 de forma indirecta.