Amnistía Internacional Castilla y León entregará mañana al Procurador del Común, Tomás Quintana, el informe anual sobre Derechos Humanos en el mundo y en la Comunidad en el que recoge una serie de recomendaciones a la Junta y expresa la preocupación por la situación de residencias de mayores y por la atención primaria.
Según explica en un comunicado, el informe incide especialmente en la necesidad de garantizar los derechos de las personas en residencias de mayores y en el derecho a una atención primaria y a la salud, temas sobre los que ya se entregó con anterioridad documentos independientes con recomendaciones sobre cómo actuar.
Tras recordar que al inicio de la pandemia pidieron la creación de una comisión de investigación “exhaustiva y veraz” sobre lo ocurrido en las residencias de mayores, afirma que hay que aclarar por qué “muchas de las personas residentes vieron denegada la solicitud de acceso a los servicios de urgencias e ingresos hospitalarios”.
Señala que la población más vulnerable, al no ser hospitalizada, fue relegada al cuidado del personal de las residencias, obligadas a mantener alojados a pacientes positivos con pronóstico muy grave, pese a no tener ni la responsabilidad ni los medios ni conocimientos para atender sus necesidades médicas, denuncia Cristina Egido, presidenta AI Castilla y León.
A lo que se suma la precariedad de los profesionales, puesto que en las residencias de Castilla y León “faltaron medios de protección individual: al inicio de la pandemia el 74 por ciento de las residencias no contaba con reservas suficientes”.
“Hubo centros que no pudieron cumplir la obligación de disponer de medios de protección por las dificultades de adquisición en los primeros meses de la crisis”, continúa la presidenta de Amnistía Internacional Castilla y León.
Por otra parte, entiende que la situación de la atención primaria es crítica, lo que supone una merma del derecho a la salud de la población castellanoleonesa. Al inicio de la pandemia se cerraron centros de salud y consultorios locales, alerta.
El modelo de asistencia sanitaria presencial se transformó en un modelo de atención telefónica con la finalidad de prevenir contagios en los centros de salud, detalla. Sin embargo, esta transición se produjo de manera brusca y sin los necesarios adelantos tecnológicos, en un contexto de gran presión asistencial y sin medidas de refuerzo suficientes, tanto en términos de recursos materiales como humanos, que garantizaran el acceso a la atención primaria de las personas.
Si bien ningún sistema sanitario podía estar preparado para una pandemia de tal magnitud, el país afrontó la crisis con un sistema de salud muy debilitado por las medidas de austeridad llevadas a cabo en los últimos años.
