Más de 500.000 personas sufren secuelas de lo que se ha llamado Covid persistente, tras pasar esa enfermedad, “un problema importante y real” que las autoridades sanitarias deben afrontar y atender. Es necesaria una adecuada planificación y no volver a caer en improvisaciones, remarca CSIF.

Así se ha señalado en el primer curso celebrado en la Comunidad sobre ‘Secuelas, seguimiento y recuperación post-Covid’, organizado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Valladolid (CSIF) y la Fundación General de la Universidad de Valladolid (FUNGE Uva), y que ha servido para conocer las secuelas de la Covid-19, sus tratamientos y cuidados en las diferentes áreas de la medicina, así como valorar la necesidad de planificación de los recursos técnicos y humanos necesarios para atender a estos pacientes.

Ha sido un curso online “muy novedoso y actual. Es la primera vez que se realiza una actividad formativa sobre este tema en Castilla y León, sobre las consecuencias, para la salud, de la infección por Covid-19, el seguimiento, la recuperación o las secuelas, dirigido a trabajadores, profesionales y estudiantes vinculados a la rama sanitaria y sociosanitaria”, explica la presidenta de CSIF Valladolid, María José San Román.

Los asistentes han podido intercambiar pareceres y experiencias vividas, lo que les ha ayudado a adquirir conocimientos de otros profesionales. “Aunque no hay todavía una postura unánime de si la Covid persistente es una complicación de la Covid, o se trata de una nueva enfermedad, se entiende que una persona sufre Covid persistente cuando mantiene síntomas o secuelas tras pasar un mes desde que ha superado la enfermedad”, han comentado varios ponentes.

Curiosidades como que “parece que afecta más a mujeres que a hombres” han sido objeto de muchas preguntas; y uno de los puntos en los que ponentes y asistentes han coincidido es que “los pacientes con Covid pueden llegar a desarrollar trastornos físicos y psicológicos que afectan a la vida cotidiana”.

“Para ello”, han insistido, “hay que concienciar a la población de que deben acudir a profesionales sanitarios, y no a alternativas inadecuadas o intrusistas, ni a internet”. La Covid persistente ha sido descrita como una manifestación de síntomas múltiples (malestar, fatiga, fiebre, dolor, neurológicos, respiratorios, digestivos, entre otros) que se mantienen en el tiempo. La atención del paciente desde los centros de Atención Primaria y unidades de Covid persistente creadas recientemente, en la mayoría de centros hospitalarios, ha sido objeto de dos ponencias, en las que se ha remarcado la importancia de la coordinación entre ambos niveles asistenciales, que necesitan del personal necesario para hacer frente al volumen de pacientes que requieren este tipo de atención sanitaria”, insiste CSIF.

CSIF ha reclamado al Ministerio de Sanidad que incluya la catalogación -y lo casos- de la Covid persistente en el registro de datos notificados de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y que identifique si corresponden a profesionales sanitarios o sociosanitarios.

Los asistentes a las jornadas ‘Secuelas, seguimiento y recuperación post-Covid’ recibirán una acreditación de 50 horas y dos créditos por parte de la FUNGE Uva. Esta es una más de las múltiples acciones formativas organizadas por CSIF Valladolid que, por motivos sanitarios de la actual pandemia, se ha desarrollado en formato online.

El curso ha durado un mes, del 28 de septiembre al 29 de octubre, y ha contado con ponentes de prestigio, como son Santiago Juarros Martínez (neumología clínica), Sofía Jaurrieta (Covid persistente), Santiago Félix Gallego Andrés. (Atención Primaria), Rosa María Cardaba García (enfermería), Rafael Martín Sánchez (psicología), Raúl Ortiz de Lejarazu (virología y vacunación), Susana Cofiño Rodríguez (rehabilitación): Jose Javier García Frade (hematología), y Ángel Luis Guerrero Peral (neurología).

Castilla y León es la comunidad donde el Gobierno ha dedicado un mayor esfuerzo inversor durante el primer semestre de 2021, lo que le ha permitido alcanzar los 127,62 millones de euros, la mayor cifra en los últimos cuatro años. De esta forma, se sitúa en el ‘podium’ inversor por delante de la Comunidad de Madrid (117,5 millones), Aragón (112 millones) y Murcia (102 millones), de acuerdo a un informe de la Intervención General del Estado y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, consultado por Ical.

Esta ‘lluvia’ de millones permite al Estado recuperar su inversión en la Comunidad previa a la pandemia del COVID-19 e incluso superarla ligeramente, puesto que en los primeros seis meses de 2020, el periodo que coincidió con el confinamiento más duro, se contabilizaron por los interventores del Estado 103,9 millones en obligaciones reconocidas, por debajo de los 124,39 de 2019 y los 111,56 de 2018 y los 109 de 2017, estos dos últimos años, correspondientes al Gobierno de Mariano Rajoy.

Sin embargo, los 127,62 millones de este primer semestre permiten al Estado haber cumplido con un 36,8 por ciento de la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para este 2021, el primero que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez, puesto que la cifra total estimada fue de 346,67 millones, que fueron consignados en el anexo de inversiones reales y la programación plurinanual.

Este porcentaje de cumplimiento en Castilla y León supera notablemente la media nacional, que se situó en el 18 por ciento, al reconocerse el abono de 1.476,4 millones, de 8.223, puesto que a los fondos asignados a cada autonomía, se unen otros 503 millones sin territorializar. De forma que en la Comunidad la ejecución presupuestaria del capitulo seis, correspondiente a inversiones reales, es más elevada que de media en España.

Por territorios, el cumplimiento de la inversión prevista por el Estado la lidera Navarra, con 3,5 millones, seguida de Canarias, con un 74,9 por ciento; La Rioja, con un 49,3 por ciento y 16,86 millones; Baleares, con un 48,7 por ciento y 2,17 millones; Aragón, con un 48,6 por ciento y 112 millones; Melilla, con un 40,7 por ciento, y Castilla-La Mancha, con un 38,3 por ciento y 78,95 millones.

De los 127,62 millones contabilizados por la Intervención General del Estado, tras analizar el grado de ejecución de la inversión, la mayor parte corresponde al área del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que aporta 104,66 mi9llones, el 32,6 por ciento de lo previsto inicialmente, 10,74 millones al de Justicia, 6,61 millones al de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y 3,6 millones al de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Además, la inversión que llegó a Castilla y León lo hizo principalmente a través de las empresas públicas y fundaciones puesto que movilizaron en la Comunidad 115,86 millones, el 27,5 por ciento de la cuantía inicial (422 millones). Además, los organismos autónomos y resto de entidades dependientes añadieron otros 12,57 millones, el 46,3 por ciento de lo previsto para este 2021 y los consorcios poco más de un millón de euros.

De Seiasa al Incibe

La Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) cumplió en el primer semestre con el 44,9 por ciento, lo que supuso 16,04 millones. En el lado opuesto, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) contabilizó 381.320 euros, el tres por ciento de los 12,7 millones previstos. También, es baja la ejecución de la Ciuden, con solo 9.000 euros de 11,88 millones.

Por el contrario, las inversiones ferroviarias en infraestructuras superan los 72 millones, d ellos que 31,56 corresponden a Adif y 41 a Adif Alta Velocidad. La primera ejecutó el 39,9 por ciento de lo previsto y la segunda, el 22,9 por ciento. Además, Renfe, como operadora, cumplió con el 18,1 por ciento de la inversión inicial, con tan solo 6,05 millones, de un total de 33,37 millones.

La Agencia de Protección Civil incorporó al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León una nueva funcionalidad para la aplicación ‘My112’ que permitirá facilitar la localización de personas en caso de emergencia a través de la opción de ‘tracking’ o seguimiento, por la que los usuarios podrán enviar periódicamente su ubicación al Centro de Emergencias 1-1-2.

Esta nueva herramienta está pensada, principalmente, para ayudar a las personas que realizan actividades al aire libre, como senderismo, montaña o ciclismo. Y es que uno de los principales problemas que se dan cuando surge una emergencia es poder facilitar la ubicación exacta, e incluso explicar el trayecto que se ha realizado hasta el momento, en casos como el de las personas desorientadas, según informó en un comunicado remitido a Ical la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta.

Sin embargo, al habilitar el ‘tracking’ o envío de posiciones a través de la aplicación ‘My112’, el Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León contará con información sobre el trayecto que ha realizado la persona que necesita ayuda, lo que permitirá agilizar al máximo la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia.

Para poder utilizar esta función, es imprescindible que el usuario tenga descargada y actualizada la aplicación ‘My112’ en su teléfono móvil. En la pantalla principal debe pulsar el apartado ‘tracking’ y desde ahí podrá activar y desactivar la monitorización GPS.

Siempre que exista cobertura de datos móvil, el envío de posiciones se realiza a través de internet, por lo que la aplicación consumiría de la tarifa de datos que se tenga contratada. En cuanto a la frecuencia del envío de posiciones, dependerá del nivel de batería. Si se cuenta con más de un 50 por ciento, se enviará la posición cada minuto; si la batería está entre el 49 y el 25 por ciento, el envío será cada 5 minutos; y si se cuenta con poca batería, de menos del 25 por ciento, la aplicación mandará la posición cada 10 minutos.

Envío sin cobertura

También se creó otra opción para poder enviar las localizaciones cuando no haya cobertura de datos en la zona. En este caso, cada 30 minutos se enviará vía SMS la ubicación GPS al Centro de Emergencias 1-1-2, cuyo coste será el que tenga contratado el usuario con su compañía para los mensajes de texto, siempre que el usuario lo autorice.

Las posiciones de las rutas informadas por los usuarios de ‘My112’ se guardan en el sistema del Centro de Emergencias por un tiempo limitado. De madrugada, se borran por defecto los datos registrados hasta el día anterior.

Más de 600 incidentes en 2021

En lo que va de 2021, el Centro Coordinador de Emergencias (CCE) gestionó más de 600 incidentes donde saber la localización exacta fue parte fundamental para una resolución lo más rápida y eficaz posible. De ellos, 241 fueron avisos por la búsqueda de personas a las que no localizan (163) o para ubicar a los propios alertantes porque están desorientados y no saben continuar la ruta (78).

Además, se gestionaron 322 incidentes en los que hay que localizar a la persona que necesita asistencia en zonas de montaña (176) o de difícil acceso para los servicios de emergencia (146).

La Consejería de Sanidad eliminará el plazo obligatorio de espera de 24 horas para poder trasladar un cadáver, al tiempo que evitará que los nuevos crematorios se levanten a menos de 200 metros de los núcleos de población y espacios vulnerables. Además, rebajará la distancia de 15 metros exigida ahora entre cementerios y edificios residenciales en municipios de menos de 5.000 habitantes. Así lo fija el borrador de la norma conocida por Ical, que modificará el Decreto por el que se regula la Policía Sanitaria Mortuoria en Castilla y León, que data de 2005, y que está previsto que salga a consulta en diciembre. El objetivo es que pueda ver la luz el próximo verano.

La decisión de eliminar el plazo de 24 horas para proceder a la conducción ordinaria o al traslado de un cadáver busca agilizar los tiempos en unos momentos muy difíciles para las familias que desean que el cuerpo sea enterrado fuera del territorio autonómico. De hecho, durante los peores momentos de la pandemia de COVID-19 se eliminó de manera transitoria, ante el elevado número de muertes.

También, con esta supresión Sanidad pretende dar respuesta a las demandas de las funerarias, toda vez que autonomías como Madrid ya lo han quitado, según explicaron a Ical fuentes de este departamento.

La medida sigue los pasos de la ‘Guía de Consenso en Sanidad Mortuoria’, evaluada por todas las comunidades autónomas en el marco de la ponencia de Sanidad Exterior-sanidad mortuoria, y aprobado por la Comisión de Salud Pública hace tres años. Marca que el traslado podrá realizarse una vez emitido el certificado de defunción y la licencia de sepultura, y debe llevarse a cabo en féretro y en vehículo de transporte funerario debidamente acondicionado, salvo en caso de catástrofes, graves situaciones epidemiológicas o en aquellos supuestos en los cuales la autoridad sanitaria lo autorice mediante resolución expresa.

Crematorios, a 200 metros

Respecto a los nuevos hornos crematorios, la normativa establecerá que se ubiquen, con preferencia, en suelos de clasificación industrial, y obligará a que no haya poblaciones o espacios vulnerables en el radio de 200 metros a partir del foco de emisión que constituye la chimenea del crematorio. Se entiende como espacios vulnerables zonas de viviendas, residencias de la tercera edad, centros sanitarios y educativos, parques infantiles e instalaciones deportivas, entre otras.

En tercer lugar, el decreto modificará la distancia de las edificaciones de uso residencial con respecto a los cementerios en núcleos con población inferior a 5.000 habitantes. En estos momentos, la norma fija una distancia mínima de 15 metros, que se reducirá.

En el resto de núcleos se mantienen las distancias: 100 metros en núcleos con población igual o superior a 20.000 habitantes, y 50 metros en núcleos con población igual o superior a 5.000 habitantes e inferior a 20.000. En su día, se excluyeron de esta regla las parcelas que cuando entró en vigor el decreto ya se encontraban clasificadas como suelo urbano.

Figura del tanatopractor

Por último, se recogen las demandas del sector, y la norma reconocerá la figura del tanatopractor, de modo que estos profesionales, con título acreditado, podrán realizar las prácticas de conservación transitoria y embalsamamientos, que hasta la fecha sólo pude hacer un médico. Con este paso, se avanza en la pofesionalización del sector en la Comunidad, algo que también está regulado ya en autonomías como Andalucía, La Rioja y Galicia, entre otras.