El expresidente y el exvicepresidente de Caja Segovia, Atilano Soto y Manuel Agudíez, defendieron hoy ante el juez que las prejubilaciones y retribuciones millonarias concedidas a ocho exdirectivos se aprobaron “con total transparencia” y en un momento en el que la extinta entidad financiera, hoy integrada en Bankia, estaba “perfectamente saneada” y presentaba “grandes beneficios”. Ambos declararon esta mañana como imputados por su condición de miembros del comité de retribuciones que autorizó tales acuerdos en 2008 y 2010, y entre mañana y el miércoles harán lo propio sus otros tres integrantes, Elena García Gil, Manuel Escribano y Antonio Tapia.
Soto y Agudíez se negaron a responder a las acusaciones particulares y, a preguntas del Ministerio Fiscal, rechazaron cualquier responsabilidad penal en la causa abierta por la denuncia que presentó UPyD a finales de 2011 por el presunto reparto de más de 34 millones de euros en prejubilaciones y retribuciones entre ocho directivos. El expresidente estaba citado para las 10 de la mañana de hoy, llegó a las 9.50 y salió de los juzgados pasadas las 12.30. El exvicepresidente, por su parte, compareció durante una hora ante el juez Jesús Marina Reig, titular de Primera Instancia e Instrucción número 2 y de lo Mercantil de Segovia, y rompió a llorar tras la última intervención del fiscal, cuando fue preguntado por el daño moral que le puede estar causando el proceso.
A la salida de los juzgados, Soto se limitó a señalar ante la prensa que estaba “muy tranquilo” y Agudíez aseguró que hará declaraciones “cuando acabe este esperpento”. No obstante, los dos autorizaron a hablar del caso a su abogado, Luis Rodríguez Ramos, quien señaló que “la hipótesis delictiva no se sostiene” y que “la envidia no es delito”, ironizó.
Respecto a las acusaciones particulares, Andrés Herzog, responsable del área de Justicia de UPyD, insistió en advertir “posibles ilícitos” que “van mucho más allá de la envidia”, como “administración desleal” o “apropiación indebida”. Asimismo, apuntó que tanto el expresidente como el exvicepresidente centraron sus “estrategias” de hoy en “derivar mucha responsabilidad” hacia el exdirector general de Caja Segovia, Manuel Escribano, y el exdirector de Recursos Humanos, Enrique Quintanilla.
“Todo se hizo conforme a la ley”
Rodríguez Ramos, que también representa a Manuel Escribano y Antonio Tapia, defendía la inocencia de sus clientes ante la prensa minutos antes de que Soto iniciara su declaración de hoy: “Todo se ha hecho conforme a ley, esa hipótesis delictiva no es sostenible”, subrayó. “En Caja Segovia no ha pasado absolutamente nada, cuando se acordó ese tipo de prejubilaciones estaba perfectamente saneada y con grandes beneficios”.
En palabras del abogado de los dos imputados, “Caja Segovia y Caja Rioja eran las dos sanas en ese ‘pull’ que se formó para crear Bankia”, y en este sentido, “se actuó” en ella “como en otras entidades análogas”. “Esas pensiones son superiores a las que a mí me pagan como catedrático de Penal jubilado, puedo tener una sana envidia, o insana envidia respecto a tan buenas pensiones, pero eso no está previsto en el Código Penal como delito”, ironizó.
Y una vez terminadas las declaraciones de Soto y Agudíez, pasadas las 13.30 horas, Rodríguez Ramos se reafirmó y amplió sus declaraciones de primera hora de la mañana. “La impresión es la misma que a la entrada: desde el punto de vista penal aquí no hay absolutamente nada”, reiteró en declaraciones recogidas por Ical. “Yo creo que lo que hay es temeridad por parte de los denunciantes y de las acusaciones, salvo la pública, porque el fiscal se ha visto obligado a pedir algunas aclaraciones muy puntuales”, matizó. Un ejercicio de la acción penal “temerario” porque considera que “genera un gasto inútil de dinero público de todos los españoles y un trabajo inútil para el juez, la Fiscalía, los abogados, etcétera”.
En esta línea, el letrado de Soto y Agudíez lamentó “los grandes daños morales e incluso materiales” que está causando a sus clientes “el ruido mediático” del proceso, “vejaciones absolutamente injustas” porque, en su opinión, “no han cometido ningún delito”. Al respecto, el expresidente, tras ser preguntado ante el juez sobre la repercusión social de la causa, puso de ejemplo que de camino al juzgado esta mañana le habían llamado “ladrón” y “sinvergüenza”; mientras que en el acta de la declaración del exvicepresidente ha quedado recogido “no contesta y rompe a llorar” al planteársele la misma pregunta.
“Es absolutamente injusto que a una persona honrada que ha sido vicepresidente de una entidad como Caja Segovia, que ha ido como un tiro en comparación con las otras cajas, le digan ahora que ha cometido delitos, cuando él se ha limitado simplemente a cobrar unas dietas en las reuniones que ha tenido y a la que ha asistido, nada más”, continuó Rodríguez Ramos. “Los abogados tenemos un contacto directo con los clientes y nos damos cuenta del sufrimiento que para ellos significa en una ciudad como Segovia que haya desaparecido la presunción de inocencia, porque la libertad de prensa y la presunción de inocencia son incompatibles, y en cuanto alguien aparece como imputado es condenado”.
Por todo ello, y una vez “aclarados ciertos puntos”, el defensor de los dos declarantes consideró que “lo lógico” será que el juez, “cuando tenga todos los documentos relevantes, como el reglamento, los estatutos de la caja o las actas de todos los órganos colectivos por donde hayan pasado estas prejubilaciones”, resolverá el caso con un “archivo y sobreseimiento”.
“El proceso no ha hecho más que empezar”
Andres Herzog, sin embargo, advirtió que “todavía queda mucha instrucción” porque “esto no ha hecho más que empezar” y, en su salida de los juzgados, lamentó que los imputados se negaran a contestar las preguntas de las acusaciones particulares personadas, UPyD y la Confederación Intersindical de Cajas. “Se han limitado a responder al Ministerio Fiscal, por lo que no hemos tenido oportunidad de plantear muchas cuestiones, no sólo de remuneraciones oficiales, sino también de otros conceptos como viajes o visas que en principio parece que no se declaraban”, entre otras “dádivas y regalos”, aparte de “la famosa ‘dieta opaca’”.
“Un consejero no tiene libertad absoluta para acordar la retribución que le dé la gana, es un delito de administración desleal, y hay indicios de que puede concurrir en este caso”, insistió el representante del área de Justicia de la formación magenta. Sobre la declaración de Atilano Soto, “vino a decir que él era un presidente honorífico. Ha usado esa palabra en el sentido de que no tenía responsabilidades ejecutivas, y que por tanto no tenía un conocimiento detallado de lo que se hacía en la caja, lo cual es bastante sorprendente. Pero luego, por otro lado, sí ha reconocido cosas que me parecen importantes, como por ejemplo que en 2008, cuando se modifica por primera vez el plan de prejubilaciones y se flexibilizan todos los requisitos para poder acceder a la prejubilación, ya se sabía que iba a haber posiblemente una integración en una entidad superior”.
El dirigente de UPyD cree que el juez terminará llamando a declarar a más personas de las que ya están citadas y reiteró que “todavía queda mucha instrucción” porque, además, considera que persisten los indicios de delito. “Lo que pensamos es que los directivos de la caja, sabiendo que se les acababa el chollo, por decirlo de una forma coloquial, en vez de velar por los intereses de la caja velaron por sus intereses personales”, resumió el responsable de Justicia de la formación mangenta.
“Ellos han hecho mucho hincapié en que Caja Segovia era una de las mejores y que la gestión fue maravillosa, pero la realidad es totalmente la contraria. Aportaron todos su negocio bancario a una entidad que es Bankia, y hoy en día tienen cero, lo han perdido todo y tienen una fundación que está al borde de la quiebra. ¿Entonces al final qué es lo que consiguieron? Pues remunerar una gestión desastrosa. Esa es la esencia de unos hechos que nosotros consideramos que indiciariamente pueden ser delictivos”, sentenció Herzog, quien considera que los consejeros que aprobaron las retribuciones y prejubilaciones millonarias “eran bien tratados” por los directivos “para que no hicieran demasiadas preguntas”.
“No hace falta ser muy mal pensado para llegar a esa conclusión, obviamente si no por qué se les va a abonar unos supuestos cursos de formación viajando por toda Europa con todos los gastos pagados a unos señores a los que había que contentar para que aprobaran cosas. Porque me da la sensación de que aquí se informaba lo mínimo, nadie preguntaba y de hecho las declaraciones de hoy han venido a decir que los debates en el Consejo de Administración eran mínimos, se limitaban poco menos que a ratificar todo lo que les presentaban los directivos”, concluyó Herzog.