El expresidente de Caja Segovia Atilano Soto ha defendido como “muy valioso”, un programa “ejemplar”, un acuerdo “bueno y magnífico”, el “plan estratégico” 2006-2010 que reguló las prejubilaciones de los directivos de la entidad, dirigido, dijo, a evitar una “huida” de estos responsables que “tan talentosamente habían dirigido» la caja.
Cabe recordar que Soto está inmerso en un proceso judicial con otros cinco exdirectivos de la entidad por autoconcederse prejubilaciones por 17 millones de euros. La excúpula de Caja Segovia se enfrenta a penas de cárcel de cuatro a ocho años y a devolver lo cobrado, tras la apertura del juicio oral en enero decretada por la magistrada del Juzgado número 2 de Segovia.
Soto, expresidente de la Diputación de Segovia, que fue dado de baja como militante del PP de forma inmediata cuando se abrió el juicio, defendió ante la Comisión de investigación sobre las cajas de las Cortes, donde compareció acompañado de su abogado, la “legalidad y transparencia” de ese plan de millonarias prejubilaciones.
Incidió en que estaba avalado por la Comisión de Control, como órgano soberano que “funcionaba”, y pasó al Banco de España, a la CNMV y la Junta. “Fue un acuerdo bueno, fue un magnífico acuerdo”, dijo, para remarcar: “Nada que ocultar, ni nada que apropiarse por parte de los consejeros, ni los directivos”.
Atilano Soto, que presidió durante más de 16 años la entidad, a la que entró en 1997, en un cargo “con carácter no ejecutivo, honorífico, gratuito y representativo”, dijo, destacó que el objetivo era que los directivos no se prejubilaran cuando ellos quisieran, como pasaba con todos los empleados de la caja. Asimismo, destacó que el precio económico de las prejubilaciones era análogo al del resto de empleados y otras entidades del mundo empresarial, un 74,7 por ciento del salario.
Por su parte el procurador de IU-Equo, José Sarrión, afirmó tras escuchar en las Cortes regionales, al expresidente de Caja Segovia, Atilano Soto, que los directivos se repartiesen 18 millones de euros en concepto de prejubilaciones en una entidad con una deuda de 70 millones de euro y un balance de beneficios inferior a 16 millones es “premiar la mala gestión y faltar al respeto a los segovianos”.
Para Izquierda Unida, el que fuera presidente de Caja Segovia se esconde detrás de los procedimientos y de la idea de que “todas las demás entidades hacían lo mismo”, para no responder a las preguntas que le fueron planteadas por José Sarrión en la comisión de investigación sobre las Cajas de Ahorro. Sarrión le recordó a Soto que “se escuda en que se evitó un mal mayor para justificar una gestión nefasta”, por la decisión de hipotecar el Torreón de Lozoya y otros bienes patrimoniales de Caja Segovia.
Desde IUCyL remarcaron que el caso judicial de Torreón está pendiente del pronunciamiento del Tribunal Supremo tras el recurso presentado por la formación política tras la declaración de sobreseimiento de la causa por la Audiencia de Segovia. En cuanto al caso de la prejubilaciones de Caja Segovia, José Sarrión declaró que continúa su evolución natural y “esperamos a que se produzca el juicio oral”.