Arahuetes dice que ‘en principio’ no le parece ‘mal’ el decreto aprobado en Andalucía para que se expropien las viviendas de los bancos

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El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, ha señalado que el decreto aprobado por la Junta de Andalucía para el Gobierno andaluz pueda expropiar las viviendas de los bancos ante la problemática de los desahucios “en principio no me parece mal”. Aunque no quiso entrar a valorarlo “porque no me corresponde” el regidor municipal insistió en respuesta a las preguntas de los periodistas que, en todo caso “habría que entrar más en detalle”.

Sí confirmó que diferentes entidades bancarias contestaron de forma positiva a la carta remitida por el Ayuntamiento de Segovia en la que les emplazaba a adoptar medidas para luchar contra los desahucios. Arahuetes señaló que, aunque sin concretar medidas, las entidades bancarias contestaron «en la línea de colaborar con el Ayuntamiento para buscar soluciones a la hora de ejecutar esos desahucios».

Tampoco especificó el edil el nombre de las entidades bancarias que han remitido al Consistorio su respuesta. En concreto, fueron Caixabank, Bankia, BBVA, Banesto, Banco Popular, Banco Santander, Sabadell, Caja Rural, Caja Duero, Nova Caixa Galicia, Deutsche Bank, Barclays, Cajamar, Caixa Catalunya, Bankinter e Ibercaja, las que recibieron la misiva enviada a finales del mes de febrero.

En ellas, el Ayuntamiento de Segovia solicitó medidas que posibilitasen la llegada de acuerdos con los deudoresa la vez que sugería la posiblidad de ofrecer mayores tiempos en los pagos para “evitar condenar a las personas a la indigencia” o aceptar la dación en pago y establecer la posibilidad de continuar usando la vivienda familiar a través de un arrendamiento social. Además, abogó por involucrar a las instituciones, especialmente políticas y bancarias, con el objetivo de aunar esfuerzos para que la insolvencia sobrevenida no dolosa, no siga suponiendo “una condena a la exclusión social y a la desesperanza”. En este sentido, incidió en el derecho constitucional a la vivienda para frenar los desahucios “porque su ejecución redunda en un perjuicio de enorme calado para nuestra sociedad”.

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