El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria. Se trata del siguiente paso que da el Gobierno en la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria de 2013, tras el decreto que aprobó en febrero para dar respuesta a las movilizaciones de los agricultores de comienzos de año en protesta por el desplome de precios en origen.
Con ese decreto, se prohibió la venta a pérdidas y las ofertas engañosas en los puntos de venta, y ahora el Gobierno da luz verde a una segunda fase en la modificación de la ley, que traspondrá la directiva comunitaria sobre cadena alimentaria.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, explicó en rueda de prensa tras el Consejo que el anteproyecto amplía, en virtud de la legislación europea que se incorpora, el número de prácticas comerciales consideradas desleales, con una ‘lista negra’ de prácticas prohibidas y una ‘gris’ de prácticas toleradas.
Así, en la lista ‘negra’ figurará la prohibición de cancelación de un contrato de productos perecederos en plazo inferior a 30 días y en la lista ‘gris’, la posibilidad de que por parte de comprador y vendedor se pacten condiciones sobre costes o soporte de publicidad.
Transformados
El anteproyecto amplía la cobertura de la ley a toda transacción de ámbito comunitario, y extiende la protección a los productos transformados. En materia de sanciones, se incorpora también la legislación europea.
El texto declara a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como autoridad nacional de referencia a efectos del conjunto de la UE.
El anteproyecto ha sido sometido a consulta pública y tras su luz verde por el Consejo de Ministros pasará los preceptivos informes de comunidades autónomas, la Comisión de la Competencia, el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social. Planas dijo que confían en que la norma pueda ser aprobada por el Consejo de Ministros como proyecto de ley el próximo otoño.
Por otra parte, este martes se aprobó también la transferencia a las comunidades autónomas de un montante de 10 millones de euros para apoyo al sector ovino y caprino tras el impacto que ha sufrido por el coronavirus. Además, el Gobierno dio luz verde a 3,8 millones en ayudas por paradas temporales de la flota en el golfo de Cádiz y el Mediterráneo.