La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la apertura de juicio oral de la denominada trama eólica ante la Audiencia de Valladolid y formulado escrito de acusación contra 16 excargos de la Junta y empresarios que presuntamente se beneficiaron de la concesión irregular de las autorizaciones de los parques eólicos en la comunidad. Este es el último paso en la instrucción de la primera macrocausa de corrupción política en Castilla y León que comenzó en 2017 para investigar supuestas «mordidas» por parte de altos y exaltos cargos de la Junta y empresarios por la agilización en la tramitación de determinados parques eólicos entre los años 2000 y 2015.
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal Tomás Herranz considera al exviceconsejero de Economía y secretario general de esa Consejería entre 2003 y 2011, Rafael Delgado como el ingeniero de la trama y le atribuye delitos continuados de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, extorsión y delitos contra la Hacienda Pública por los que pide penas que suman 42 años de prisión y multas que globalmente ascienden a 239 millones, según recoge en su edición de hoy El Norte de Castilla.
El escrito de acusación sostiene que Delgado, siguiendo instrucciones del consejero de Economía, el fallecido Tomás Villanueva, junto con el también acusado Ricardo Bravo, responsable de Iberdrola, «aprovechó la ocasión para exigir ilegalmente a los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización que cedieran o permitieran la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenazas de no obtener la autorización». La participación que requería tenía que ser próxima al 40 por ciento.
Además, se le acusa de «seleccionar y favorecer ilegalmente a empresas pertenecientes a personas con las que tenía una especial relación» con las que habría actuado de acuerdo «para que les fuera transferida una importante participación en parques cuya autorización se había previsto». Se trata de los empresarios Alberto y Francisco Esgueva; el exdirector de Deportes de la Junta Andrés Martín Paz, el promotor inmobiliario Germán José Martín Giraldo o los hermanos constructores Miguel Ángel, Alejandro y Patricio Llorente, todos ellos, encausados en el proceso.
