La Audiencia de Segovia dictó hoy auto contra uno de los tres acusados de robar en dos restaurantes de Pedraza que ayer, en la primera sesión del juicio, intentó agredir a uno de los agentes que le custodiaban tras asegurar que había sido golpeado previamente en el calabozo. Insultó a los policías, lanzó una patada al pecho de uno de ellos a pesar de estar esposado, aunque no llegó a alcanzarle, y fue expulsado de la sala mientras seguía profiriendo insultos para terminar de complicar un juicio que, después de dos sesiones, ya ha quedado visto para sentencia.
Javier B.S., de 43 años, está denunciado “indiciariamente” por atentar contra un agente de la autoridad y hoy, en su última intervención ante el Tribunal, pidió disculpas: “Mi actuación no fue correcta, vine alterado desde los calabozos por una agresión que sufrí”, declaró. Según añadió su abogado en declaraciones a la agencia Ical, su cliente asegura que un policía le cogió de la corbata cuando estaba en el calabozo del Palacio de Justicia, antes de que lo llevaran a la sala, y tiró de ella “para que se diera con los barrotes”.
Custodiado por la Policía junto a su hermano Roberto B.S. (41 años), entró ya “en un gran estado de alteración” y “a voces” manifestó que los agentes le habían golpeado en el calabozo del Palacio de Justicia. Los jueces le informaron de que podía poner una denuncia, pero siguió excitado “pese a los intentos del otro coacusado por calmarle” y continuó insultando a los agentes. La patada que lanzó entonces no llegó a impactar “al tener el acusado sus manos esposadas en la espalda, lo que le limitaba su facultad de movimientos”, continúa el auto.
El Tribunal considera que los hechos relatados podrían “constituir de forma indiciaria un delito de atentado a agente de la autoridad, sin perjuicio de su calificación definitiva y de la que pudieran merecer los insultos proferidos”, añade; en este sentido, el artículo 550 del Código Penal contempla penas de dos a cuatro años de prisión. Por ello, “procede deducir testimonio de este incidente y remitirlo al Juzgado de Instrucción de Guardia para la incoación de las correspondientes diligencias, dándoles la tramitación correspondiente”.
Dos de los tres acusados ya habían sido expulsados (sin consecuencias penales) por no respetar el orden dentro de la sala durante la mañana del martes, cuando por fin comenzó un juicio que ya tuvo que ser aplazado en diciembre tras otra accidentada sesión. Entonces fueron los tres procesados, dos hermanos y un sobrino de ambos, los que se rebelaron contra sus defensas por sentirse víctimas de un “circo mediático” y de “falta de tutela judicial efectiva”, rozaron la imputación de desobediencia e incluso uno de ellos se refirió a los magistrados como “delincuentes”.
Los hechos por los que han quedado pendientes de sentencia son dos robos cometidos durante la noche del 11 al 12 de enero de 2012 en los restaurantes El Yantar y El Soportal, situados en la plaza Mayor de Pedraza. Están acusados de sustraer apenas 1.100 euros y un ordenador portátil pero, aparte de daños materiales casi por el doble, presuntamente causaron lesiones a tres personas, y la Fiscalía imputa homicidio en grado de tentativa a Javier B.S. por su “intención de atropellar” a la esposa del propietario de El Soportal.
Roberto, que sólo reconoce el segundo robo, exculpa a su hermano y su sobrino al haber declarado que acudió a Pedraza con dos yonquis de la Cañada Real de Madrid que, si existen, no han sido identificados. Alberto cuenta con el testimonio de dos amigos que en esta segunda sesión aseguraron que pasaron aquella noche con él en Madrid, “jugando a la consola”. Y Javier denunció al día siguiente de los hechos el presunto robo de su coche, que es el que se utilizó en Pedraza.
Las defensas de Alberto y Javier reclaman así la absolución de ambos por considerar que no está acreditada su implicación, alegan “contradicciones” entre los testigos porque unos hablan de dos ladrones y otros de tres o cuatro, y entienden que debe primar la presunción de inocencia. La Fiscalía, mientras, se aferra al reconocimiento fotográfico de los acusados por parte de dos testigos, entre otras pruebas, para mantener su petición inicial de penas, aunque ya no reclama responsabilidad civil porque las víctimas han decidido renunciar a cualquier indemnización por daños físicos o materiales.
En este contexto, la fiscal solicita ocho y diez años de prisión, respectivamente, para Roberto B.S. y Alberto G.B. por dos delitos de robo con fuerza y uno de robo con violencia y daños; y 16 años para Javier B.S., al incluir ocho por la imputación del homicidio en grado de tentativa. El único acusado que reconoce algún delito (uno de robo con fuerza, pero sin violencia ni intimidación y sólo en grado de tentativa) fue también quien más se extendió en su alegato final: “Entré a robar en El Soportal, pero no arrojé nada a nadie, ni intimidación ni intento de hacerla”, sostuvo.
Roberto añadió que le habría resultado “fácil” salir del bar “con un cuchillo de carnicero para abrir hueco”, pero que no tuvo intención. E insistió en exculpar a los otros dos acusados: “No iba con mi hermano ni con mi sobrino, la Policía ha tirado por el camino más corto (en la investigación) al tirar de la familia y acusar a los que tienen antecedentes penales”, señaló. Aunque la última palabra, por supuesto, ahora ya queda en manos del Tribunal.
Foto: imagen tomada en el juicio/Ical