«Al duro golpe que ha supuesto para Eugenio y su familia la pérdida de su pequeña
Olivia, se suma ahora el dolor moral y psicológico que inexplicablemente parece pretenderse desde la más alta institución judicial de Castilla y León«.
Por ello, los abogados de Eugenio García, padre de Olivia, han presentado hoy una queja formal al TSJCYL. «Olivia merece un trato justo. Merece una justicia imparcial. Olivia no merece que su asesinato pretenda justificarse o enturbiarse con inexplicables comunicados de las instituciones que debieron protegerla y resulta evidente que no hicieron», relataron a las puertas del TSJCYL tras detallar la presentación de una queja formal a la Institución.
«El TSJCyL ha podido vulnerar derechos fundamentales del padre de Olivia, pues ha señalado ante la opinión pública a Eugenio García por un delito de maltrato, pese a que
el propio magistrado señala en la sentencia que la Sra. Martínez mentía. El TSJCyL lo
hizo con información sesgada, interesada y presuntamente adulterada cuando el
pasado 3 de noviembre, sólo dos días después de enterrar a la pequeña Olivia, el
Tribunal Superior trasladó a los medios de comunicación una nota de prensa con
información sobre los procedimientos instruidos por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción 4 de Segovia, sin referir el calvario judicial del Sr. García y todo su entorno,
o sin referir el archivo y sobreseimiento de la multitud de acciones ejercidas por la Sra.
Martínez y de las que Eugenio fue absuelto«, informan.
Así, según detallan, el TSJCyL trasladó a los medios únicamente una sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Segovia, -que no consta en la base de datos CENDOJ- y una sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia que presuntamente adulteró, porque en la base de datos CENDOJ aparecen las partes identificadas como Evelio y Jacinta, en lugar de por la iniciales completas de las partes, como se trasladó a los medios, en concreto EGM y NML, perfectamente identificables por la relevancia pública del caso y porque el TSJCyL refirió en la nota de prensa «Suceso Gijón».
«La información que facilita el TSJCyL en esa nota es suficiente para la identificación de las partes, como hicieron todos los medios de comunicación a la mañana siguiente, pues abrió los titulares de varios medios de comunicación nacionales, provinciales y locales, como ‘giro inesperado en la investigación por asesinato’, mostrando incluso la nota del propio Tribunal.
Ningún giro hay en el asesinado de la pequeña Olivia,
No hay ningún giro, relatan e, inciden, «pero ese fue el efecto de la inexplicable injerencia del TSJCyL. Si es grave todo ello, lo son más aún las recientes declaraciones del Presidente del TSJCyL, pues faltando a la verdad, refirió el acceso público de estas sentencias, cuando una de ellas no está disponible en CENDOJ, y la otra ha sido presuntamente adulterada por el TSJCyL. Esto evidencia que no existe la transparencia que refirió el pasado martes el Presidente del TSJCyL y nos hace cuestionar, a partir de ahora, la objetividad, actuaciones y declaraciones de esta institución».
«¿Qué motivó al TSJCyL a publicar esa nota DOS DÍAS después de enterrar a la pequeña Olivia? ¿Pretende condicionar una futura sentencia por un delito de asesinato en
Gijón? ¿Por qué no hizo nada para detener el calvario judicial de Eugenio y su entorno familiar y personal? ¿Por qué se adulteró el contenido de una sentencia y facilitó una sentencia que no era pública?
Por todo ello, explicaron a las puertas han presentado una QUEJA dirigida al Presidente del TSJCyL, conforme al art. 160.13 LOPJ, que hemos registrado hace escasos minutos requiriendo al TSJCyL para que informe sobre el:
1.- Motivo por el que se trasladó a medios de comunicación la sentencia de la
Audiencia Provincial de Segovia adulterada con respecto a la publicada en CENDOJ.
2.- Motivo por el que se trasladó a medios de comunicación una sentencia que no
constaba en la base de datos CENDOJ, del Juzgado de los Penal 1 de Segovia.
3.- Autor o autores de la redacción del referido Documento.
4.- Responsable o responsables de autorizar su publicación y distribución.
5.- Responsable o responsables de la ejecución material de su publicación y
distribución.
6.- Relación de medios de comunicación que solicitaron información al TSJCyL, y
motivos alegados por los mismos.
7.- Relación de los medios de comunicación a los que finalmente se destinó la
información.
«Resulta evidente que el TSJCyL ha vulnerado el art. 235 LOPJ, y siguientes, así como el
protocolo del TSJCyL con el colegio de periodistas, y el Protocolo de comunicación de la Justicia 2020. Lamentablemente comprobamos que los castellano-leoneses, no
están seguros, con respecto a la privacidad de sus actuaciones judiciales, a que éstas sean tratadas objetivamente por el TSJCyL o a que sean tratados con imparcialidad.
No vamos a tolerar ningún tipo de injerencia en un proceso de presunto asesinato de una niña de 6 años, mucho menos del TSJCYL quien debería haberla protegido y no dedicarse ahora a atacar a su padre, al que adoraba la pequeña Olivia.
Exigimos, por tanto, tras la gravedad de los hechos denunciados, y la declaración del pasado martes del Presidente del TSJCyL, una rectificación pública por parte del Presidente del TSJCyL, en la que se reconozcan los incumplimientos del alto Tribunal, que pida públicas disculpas al Sr. García y que se depuren responsabilidades en elTSJCyL, con los ceses o dimisiones que correspondan.
Hoy podemos decir con rotundidad que la pequeña Olivia estaba más segura con su
padre que con su madre. Y todos los que participaron en este proceso deberían hacer
examen de conciencia, empezando por el TSJ.
Insistimos, hablamos del asesinato de una niña de seis años. Y «no toleraremos que se cambie el foco de atención que nada tiene que ver con el asesinato de una niña de seis años.», sentenciaron ante los periodistas. Ante esto, sentenciaron, “Si el presidente del TSJ atiende el requerimiento, rectifica, reconoce los incumplimientos y se toman medidas contra los responsables, no se seguirá adelante, porque no se quiere hacer ningún escarnio del TSJ. Consideramos que las instituciones tienen que tomar muy objetivamente estos procedimientos”.
