La Junta de Castilla y León congeló la cantidad que percibirán los partidos políticos por cada procurador en las elecciones autonómicas de mañana, que será de 10.205 euros, igual que en 2007, en la línea de la política de austeridad iniciada por las administraciones con motivo de la crisis.
Así lo establece la orden firmada por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el pasado 5 de abril, que fija las mismas cantidades que se estipularon para los comicios de hace cuatro años.
Además de los 10.205,62 euros que las formaciones con representación en el Hemiciclo percibirán por cada escaño, dispondrán de 0,40 euros por cada voto que hayan recibido en las urnas, siempre que hayan conseguido al menos un procurador; y otros 0,19 euros de subvención por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas o de propaganda y publicidad electoral, siempre que la candidatura de referencia también hubiera obtenido representación parlamentaria.
En todo caso y a pesar de esta congelación, las formaciones recibirán 1.101 euros más que en los comicios de 2003 (un 12 por ciento más), mientras que en el caso de la asignación por papeleta depositada en las urnas, sube de 36 a 40 céntimos, y la subvención por envíos postales pasa de 17 a 19.
Las cantidades fijadas, en aplicación por la Ley Electoral de Castilla y León, sirven para financiar los gastos con los que los partidos, coaliciones y agrupaciones de electores afrontan las elecciones.
Para acceder a estas partidas resulta imprescindible obtener representación parlamentaria, condición que en 2007 obtuvieron Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Otras formaciones políticas con representación en las Cortes durante la Democracia, como Izquierda Unida (IU) y Tierra Comunera (TC), que abandonaron el Parlamento regional en 1999, no recibieron hace cuatro años dinero público por sus resultados electorales.
Igualmente, la orden firmada por la consejera de Hacienda establece que cuando un partido, federación, coalición o agrupación participe, además de en las elecciones autonómicas, en otros procesos electorales, los gastos suplementarios no podrán superar el 25 por ciento del límite legal de gastos de los comicios a Cortes Generales, en relación con el ámbito correspondiente.