El Consejo de Ministros aprobó hoy el acuerdo que determina el plazo de la concesión de la autopista AP-6 (Villalba-Adanero), la AP-51 (Ávila-Villacastín) y AP-61 (Segovia-San Rafael) en 30 años desde su adjudicación, finalizando, el 19 de noviembre de 2029. Según el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, se aplicaron las fórmulas y criterios previstos en la cláusula 33 de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y por la reducción del plazo concesional establecido en 2012.
Con este acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros se concreta, según la nota de prensa del Gobierno, el plazo definitivo de la concesión que estaba pendiente de determinación y debía legalmente establecerse a los veinte años de su adjudicación.
Castellana de Autopistas es la concesionaria del Estado y titular de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje A-6 conexión con Segovia (AP-61) y autopista A-6 conexión con Ávila (AP-51), así como, desde enero de 2018, de la conservación y explotación de la autopista de peaje AP-6, tramo Villalba-Adanero. La concesión fue adjudicada mediante Real Decreto e inició su actividad el día 19 de noviembre de 1999.
Según explicó el Ministerio de Transportes, el artículo 10 de este Real Decreto de adjudicación, hace referencia al plazo de la concesión, indicando que su duración exacta en años se fijará tomando en consideración la evolución real del tráfico, que se evaluará transcurridos veinte años desde el inicio de la misma, y de conformidad con el procedimiento establecido en la cláusula 33 de su Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
Además, se tuvo en cuenta igualmente que el Real Decreto 525/2012, de 9 de marzo, que modificó la concesión estableciendo que el plazo concesional se redujese en siete años una vez se hubiese determinado. Esta norma reglamentaria se dictó para el cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación a la adjudicación de la concesión, que apreció que el Gobierno de España había vulnerado directivas comunitarias sobre contratación pública.
Por lo tanto, el plazo de esta concesión administrativa queda establecido en 30 años desde su adjudicación, finalizando el 19 de noviembre de 2029, una vez seguido el procedimiento, con la aplicación de las fórmulas y criterios previstos en la cláusula 33 de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y teniendo en cuenta la citada reducción del plazo concesional que estableció el Real Decreto 525/2012.