Izquierda Unida pide penas de ocho años de cárcel, por un delito de administración desleal, para los doce exconsejeros de Caja Segovia, que aprobaron asumir una deuda de casi 7 millones de euros que supuso hipotecar varios inmuebles, entre ellos, el Torreón de Lozoya. En su escrito de acusaciones ante el Juzgado número 5 de Segovia, también pidieron la apertura de juicio oral y multas de 36.500 euros a pagar por cada exconsejero.
El abogado de IU, Alberto López Villa, afirmó que la petición de la misma pena de prisión para todos los acusados se debe a la linea que mantiene la Audiencia Provincial de Segovia, al “establecer una responsabilidad objetiva”. El auto de la Audiencia se basó en el “grave perjuicio a la entidad de Caja Segovia” y en el “abuso de confianza” de los miembros del consejo de administración que tenían, “un plus de confianza por parte de la sociedad puesto que había sido elegidos por sufragio universal”, recordó López Villa.
No cabía esperar “la falta de lealtad de todos ellos en pagar una deuda sin tener dinero, sin ser el deudor y de una manera tan precipitada” explicó López Villa. Razones que justifican la petición global de 96 años de cárcel para los doce exconsejeros. La petición la hace IU “con esta contundencia” por la gravedad añadida de la cuantía, “al desbordar las previsiones del Codigo Penal máximas de 250.000 euros”, cuando el crédito fue de más de 6,8 millones de euros.
López Villa también explicó que el escrito incluye, para todos los exconsejeros, “multas cuantiosas a razón de 50 euros diarios durante 24 meses”. Lo que se traduce en 36.500 euros cada uno, porque “entendemos que todos tienen un nivel económico parecido”. Para el abogado de Izquierda Unida, se mueven entre la clase media o media-alta, y el Código Penal, establece el barémo de 2.000 a 3.000 euros, la petición “está en una parámetros moderados”.
Los exconsejeros de Caja Segovia que se enfrentan a un delito de administración desleal son su expresidente Atilano Soto, y los diputados provinciales Jesús Yubero, Miguel Ángel de Vicente y José Luis Sanz Merino. Así como Elena García Gil, Manuel Agudíez, José Pablo Lozoya, Fernando Acebes, Juan Ignacio Antón, María Concepción Monte de la Cruz, Alfredo Velasco, Antonio Rodríguez Ballesteros.
Para Izquierda Unida, de acuerdo con el artículo 122 del Código Penal, los hechos que dan pie a la comisión de un delito de administración desleal por el acuerdo unánime del consejo de Administración de Caja Segovia, Bankia es responsable por “ser partícipe a título lucrativo”.
Además, según consta en el escrito, “serán responsables civiles de forma subsidiaria”, todos los acusados, Bankia y la compañía de seguros CASER, con motivo de la poliza de responsabilidad civil que cubría a los miembros del consejo del administración de Caja Segovia, “quienes tendrán que soportar las consecuencias de la anulación del acuerdo hipotecante”.
Apertura de juicio oral
Izquierda Unida pidió, en su escrito, la apertura de juicio oral, a la que espera se sume la Fundación Caja Segovia y la Confederación Sindical de Cajas de Ahorro, así como la propia Fiscalía. De momento, no tienen constancia de que se haya presentado ante el Juzgado número 5 o ante la Audiencia, más escritos de acusaciones. Según López Villa, es muy probable que agoten el plazo que podría ser a finales de esta semana.
El abogado de Izquierda Unida mostró su confianza en los abogados de la Fundación Caja Segovia, por “su actitud procesal que han tenido hasta ahora ciertamente combativa”. Aseguró que pueden presentar un escrito de acusaciones con “peticiones más amplias” que las solicitadas por Izquierda Unida pero, consideró, que en la petición de penas de cárcel pueden coincidir.