Castilla y León se queda sin el casi el 50% de sus sucursales bancarias en los últimos 10 años
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El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, destacó hoy que la Comunidad ha perdido en los últimos diez años un 45 por ciento de las sucursales bancarias, un total de 1.319, mientras que en el conjunto de España la reducción ha sido del 48 por ciento (-20.595), a la vez que reconoció que se trata de un problema que afecta principalmente al mundo rural y a las personas mayores, que tienen más dificultades de acceso a la banca electrónica, informa Ical.
Fernández Carriedo, en respuesta a una pregunta de la procuradora de Vox Fátima Pinacho, sobre las medidas está adoptando la Junta de Castilla y León para evitar la desaparición de los servicios bancarios presenciales en los núcleos rurales, resaltó que aunque se trata de un problema que no ha creado la Junta, preocupa de forma especial al Gobierno autonómico.
En este sentido, indicó que además de las exigencia a las propias entidades para que refuercen su compromiso con la perspectiva territorial, también mantiene una oferta de colaboración con ayuntamientos y diputaciones para distintas alternativas.
Por su parte, Pinacho habló de “desertización financiera” y apuntó que el problema se agudiza en el medio rural por la falta de acceso a internet y, por lo tanto, a la banca digital. Además, aseguró que los procesos de reestructuración bancaria están generado ciudadanos de segunda que no pueden acceder a un servicio tan básico.
La procuradora de Vox reclamó un proceso de negociación activo con las entidades financieras para que se garantice este servicio, así como la puesta en marcha de un proceso legislativo para que la inclusión financiera sera considerada un servicio básico para el mantenimiento de la población rural. También pidió a la Junta que reclame al Gobierno a que exija la prestación de este servicio a las entidades bancarias en las que el Estado tiene participaciones.
Por último, Carriedo replicó a Pinacho que su propuesta no deja de ser una paradoja, dado que Vox, un partido que no cree en el sistema autonómico, se dirige en este caso a la Junta para intentar resolver un problema de la vida cotidiana de las personas.
